Los 32 estados del país se sumaron al Pacto Nacional para implementar la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, una estrategia que busca homologar requisitos, tiempos y procesos mediante un catálogo de 300 gestiones estatales y 100 municipales, además de extender herramientas digitales entre distintos órdenes de gobierno.
El acuerdo, coordinado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), establece 10 compromisos para adoptar el Catálogo Único de Trámites y Servicios. La propuesta fija estándares comunes, aunque mantiene las atribuciones que corresponden a cada entidad y ayuntamiento.
Durante el Encuentro Nacional de Autoridades Locales de Simplificación y Digitalización, que comenzó el 18 de agosto y concluirá el día 21, el Gobierno federal inició la firma con las entidades federativas. Los municipios del norte se incorporaron el miércoles, mientras que este jueves correspondió a los de la región centro. Los del sur cerrarán el proceso el viernes.
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Para José Antonio Peña Merino, titular de la ATDT, la reducción de requisitos y tiempos tiene un impacto que rebasa la operación administrativa, debido a que numerosos procedimientos permiten acceder a salud, educación, empleo, financiamiento, certeza jurídica o propiedad. “Detrás de cada trámite existe el ejercicio de un derecho”, sostuvo durante el encuentro.
A partir del nuevo modelo, las autoridades pretenden que una herramienta desarrollada por una institución pueda utilizarse en otras administraciones, con el propósito de evitar que estados y municipios destinen recursos a resolver por separado necesidades para las cuales ya existe una alternativa tecnológica.
Entre los ejes del esquema figura la homologación de procedimientos con estándares nacionales, el intercambio de soluciones digitales y el fortalecimiento de capacidades públicas. La estandarización alcanzará requisitos, plazos de respuesta y procesos de gestiones que tengan una finalidad o población usuaria similar.
Según el proyecto presentado por la Agencia, el sistema contará también con un Portafolio Nacional de soluciones tecnológicas y un Repositorio Nacional de Tecnología Pública. Este último almacenará el código fuente de herramientas creadas por instituciones gubernamentales para que otras dependencias puedan aprovecharlas.
Con esta distribución de tareas, la ATDT definirá estándares, habilitará herramientas, dará acompañamiento y evaluará avances, mientras que gobiernos estatales y municipales deberán adaptar sus procedimientos e incorporar los modelos de homologación dentro de sus propias competencias.
La meta planteada por el Gobierno de México consiste en que el lugar de residencia o la capacidad tecnológica de una dependencia no determinen la dificultad para realizar una gestión pública. El modelo también busca que los tres órdenes de gobierno operen bajo criterios comunes sin modificar las facultades legales de cada autoridad.
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MSL
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