Un tribunal colegiado ratificó la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo que promovió el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, medida que frena de forma temporal el proceso penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.
Por unanimidad, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declararon infundado el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba revertir la determinación del juzgador de Distrito y continuar con la siguiente etapa del procedimiento judicial.
La resolución, emitida durante una sesión extraordinaria por los magistrados Yuriko Delgado Cháires, Jorge María Montellano Iturralde y María del Socorro Castillo Sánchez, detiene la etapa intermedia mientras se resuelve el juicio de amparo.
Vinculan a proceso a Francisco Javier ‘N’, presunto integrante de La Unión Tepito detenido en CDMX
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México aclaró que el fallo no prejuzga sobre la responsabilidad penal del exmandatario panista.
La FGR argumentó que la suspensión contravenía el orden público y afectaba el interés social al tratarse de delitos de alto impacto; sin embargo, los magistrados desecharon sus alegatos.
El recurso original fue concedido por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, tras admitir la demanda promovida por el acusado el 28 de agosto.
Ernesto Ruffo Appel sigue en “El Altiplano”
Actualmente, el imputado permanece privado de la libertad en el penal de máxima seguridad del Altiplano desde el mes de julio, cuando un juez lo vinculó a proceso junto con otras siete personas.
Las autoridades acusan al exgobernador de Baja California de presuntamente utilizar 11 compañías para ingresar combustible al país mediante transporte ferroviario y distribuirlo en el mercado nacional de forma ilícita.
Las investigaciones de la representación social refieren que la red habría movilizado más de 18.2 millones de litros de diésel y gasolina en 163 carrotanques, evadiendo contribuciones fiscales y regulaciones aduaneras.
La causa penal se originó tras el aseguramiento de unidades cargadas con hidrocarburo en el estado de Coahuila, donde se localizaron 33 carrotanques en Ramos Arizpe y 96 más en la ciudad de Saltillo.
Si la justicia federal otorga el amparo definitivo, la vinculación a proceso quedará sin efectos; de lo contrario, la FGR podrá reanudar el procedimiento para llevar la causa a juicio oral.
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