Los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes ocurridos en escuelas y que requirieron atención hospitalaria aumentaron 961.9% entre 2010 y 2025, de acuerdo con cifras presentadas por más de 20 organizaciones de la sociedad civil.
El incremento refleja una problemática que persiste dentro de los planteles educativos y que afecta principalmente a niñas y adolescentes. Tan sólo durante 2024, 244 menores de entre uno y 17 años fueron hospitalizados por agresiones sexuales cometidas en escuelas, de los cuales 81.6% fueron niñas y adolescentes.
Los datos fueron difundidos por organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) y la Clínica Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes de la Universidad Iberoamericana, entre otras agrupaciones dedicadas a la protección de los derechos de la infancia.
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El panorama se vuelve aún más preocupante al revisar los casos documentados directamente en planteles educativos. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la ODI documentó 19 casos de violencia sexual en escuelas de educación básica de México.
De estos expedientes, dos presentaron características de lo que las organizaciones denominan “violencia sexual organizada”, debido a que existen elementos que sugieren la participación de un grupo de personas agresoras contra múltiples niñas y niños dentro de los propios planteles.
La expresión resulta particularmente grave porque apunta a hechos que no necesariamente corresponden a agresiones aisladas, sino a posibles patrones de violencia en los que varias víctimas pudieron haber sido afectadas.
Las cifras muestran además una marcada diferencia por sexo. En 2024, ocho de cada 10 menores hospitalizados por violencia sexual ocurrida en escuelas fueron niñas o adolescentes.
El dato coloca nuevamente sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y atención de las agresiones sexuales dentro de los centros educativos, así como los protocolos para actuar ante posibles casos de abuso.
Para las organizaciones de la sociedad civil, la dimensión del problema obliga a que las autoridades educativas, sanitarias y de procuración de justicia trabajen de manera coordinada para identificar las agresiones, proteger a las víctimas y evitar que los casos queden en la impunidad.
El incremento de 961.9% registrado entre 2010 y 2025 no sólo representa una cifra estadística: también evidencia que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye un problema que requiere respuestas institucionales permanentes y mecanismos eficaces para detectar las agresiones desde las primeras señales.
Los casos documentados por la ODI entre 2025 y 2026, incluidos aquellos con posibles características de violencia sexual organizada, vuelven a poner el foco en la seguridad de las comunidades escolares y en la obligación de garantizar que las escuelas sean espacios libres de violencia para niñas, niños y adolescentes.
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