La Presidenta Claudia Sheinbaum colocó el cambio de estrategia en seguridad de su gobierno detrás de la reducción de los homicidios dolosos reportados en los últimos meses. Más inteligencia contra estructuras criminales, una intervención reforzada en municipios prioritarios, mayor coordinación entre fuerzas federales y cambios en el Poder Judicial forman parte del viraje detrás de estos resultados.
El balance presentado por la mandataria ubica en 53 por ciento la reducción de asesinatos entre septiembre de 2024 y agosto de este año, equivalente a 46 casos menos cada día. Como parte de esa tendencia, informó que el lunes 7 de septiembre cerró de manera preliminar con 25 víctimas, uno de los registros más bajos de la actual administración, cuyo mínimo diario ha sido de 20.
Dentro de ese cambio, la Presidenta señaló a la inteligencia y la investigación como el avance que más distingue su estrategia de la aplicada durante el sexenio anterior. El nuevo esquema articula capacidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Marina y Ejército para apoyar las indagatorias a cargo del Ministerio Público.
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“Es lo nuevo, lo que más hemos avanzado respecto al sexenio del presidente López Obrador”, afirmó. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), añadió, dedica actualmente buena parte de sus tareas a investigaciones de seguridad pública, además de mantener las funciones relacionadas con seguridad nacional.
Otro frente se concentra en 60 municipios donde el Gobierno desarrolla acciones de atención a las causas, aunque 40 reciben una intervención de mayor intensidad. La estrategia busca acercarse a jóvenes que ya tuvieron contacto con grupos delictivos o enfrentan riesgo de incorporarse a ellos.
La mandataria identificó a los adolescentes de entre 15 y 18 años como uno de los sectores más vulnerables. El paso de secundaria a preparatoria, explicó, puede convertirse en un periodo de riesgo cuando se combinan problemas familiares, consumo de drogas o la expectativa de obtener ingresos mediante actividades criminales.
Frente a ese escenario, el Gobierno apuesta por ampliar la cobertura en educación media superior como parte de su política preventiva. “Educación y más preparatorias. Ese es nuestro objetivo”, sostuvo la Presidenta, al señalar que una mayor oferta para jóvenes busca reducir su acercamiento a organizaciones delictivas.
Por el lado operativo, la Presidenta señaló que la coordinación también alcanza a la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías estatales y el Gabinete de Seguridad. Esa articulación, afirmó, permite convertir información de inteligencia en investigaciones que deriven en detenciones.
A partir de ese punto, la mandataria llevó el análisis al Poder Judicial. Reveló que su Gobierno prepara un estudio para revisar qué ocurre con las personas después de su captura y determinar si ha disminuido la práctica de “puerta giratoria”, expresión que alude a cómo ciertos delincuentes recuperan la libertad poco después de quedar a disposición de un juez.
“Claro que no queremos que haya inocentes en la cárcel, no se trata de eso, pero ya no tenemos el mismo nivel de puerta giratoria que se tenía hace unos años y eso tiene que ver con la reforma al Poder Judicial”, señaló.
La Presidenta también explicó por qué las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pueden diferir de otros registros oficiales, como el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya que sus datos provienen de las Fiscalías y reciben ajustes semanales por lo que suelen aumentar al cierre de cada mes cuando se incorporan casos que no aparecieron en los reportes diarios.
El Inegi en cambio, construye su conteo anual a partir de las actas de defunción de los registros civiles y publica los resultados varios meses después. Esa diferencia metodológica puede arrojar cifras superiores a las reportadas inicialmente por las fiscalías estatales.
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