A un año de su creación, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) enfrenta una carga de mil 667 investigaciones heredadas del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y reconoce pendientes en materia tecnológica, normativa y de confianza ciudadana.
La presidenta del Tribunal, Celia Maya García, señaló que la institución comenzó a operar sin reglas propias, organización interna, sistemas tecnológicos ni una plantilla consolidada, por lo que tuvo que construir su estructura mientras atendía los asuntos heredados. Al cierre del periodo, reportó un avance de 64 por ciento en las investigaciones recibidas del extinto CJF.
“Deber de honestidad institucional” es, dijo, reconocer que el Tribunal no recibió una institución funcionando.
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Entre los resultados del primer año, Maya García informó que fueron evaluadas 851 personas juzgadoras: 762, equivalentes a 89.54 por ciento, obtuvieron un resultado satisfactorio, mientras que 89, el 10.46 por ciento, tuvieron una evaluación no satisfactoria.
La presidenta explicó que el nuevo modelo no se limita a indicadores cuantitativos, sino que considera la calidad del trabajo judicial, los conocimientos y el trato a las personas usuarias y al personal. A partir de los resultados se ordenaron ocho procedimientos especiales de seguimiento.
En materia de investigación, 314 expedientes recibieron una determinación: 231 concluyeron con acuerdos de cierre, 62 con informes de presunta responsabilidad administrativa, 17 tuvieron carácter mixto y cuatro fueron declarados incompetencia. Considerando los asuntos mixtos, 79 investigaciones reunieron elementos para formular una acusación.
“No resuelve a partir de opiniones influencers o personas externas sino para acreditar hechos conforme a derecho”, afirmó Maya García, quien remarcó que una denuncia no equivale a una condena. El Tribunal reportó además 78 medidas cautelares.
En el ámbito disciplinario, el magistrado Rufino H. León Tovar informó que se ejecutaron 79 sanciones: cinco destituciones, 29 inhabilitaciones, 32 suspensiones, siete amonestaciones públicas y seis privadas.
León Tovar sostuvo que la disciplina no debe reducirse a sancionar, sino preservar la confianza social en la justicia. “Disciplina no es un fin en sí mismo ni se agota en sancionar; su propósito último es preservar la confianza social en la justicia”, señaló.
La magistrada Eva Verónica de Gyves Zárate informó que fueron regularizados 2 mil 715 expedientes de entrega-recepción, alrededor de 97 por ciento del total, y se recibieron 3 mil 81 avisos de retardo. Defendió que las investigaciones disciplinarias deben sustentarse en hechos y pruebas obtenidas legalmente.
“La investigación disciplinaria debe partir de hechos, de pruebas obtenidas conforme a derecho y de razones jurídicas suficientes”, afirmó.
Por su parte, la magistrada Indira Isabel García Pérez destacó que la evaluación debe servir para mejorar el desempeño judicial y fortalecer la confianza. Reportó 945 informes circunstanciados derivados de la visita anterior y siete acciones especiales de seguimiento.
Maya García identificó tres retos para el Tribunal: 18 sistemas tecnológicos que aún no están plenamente operativos o interconectados, fortalecer la confianza ciudadana y precisar el marco normativo sobre competencias e independencia técnica y de gestión.
“La transparencia no constituye una concesión discrecional, es condición de la confianza pública”, afirmó.
A un año de su instalación, la presidenta sostuvo que el Tribunal ya cuenta con una estructura funcional, ha evaluado a 851 personas juzgadoras, estableció seis visitadurías regionales y creó mecanismos de atención ciudadana.
“Quien juzga también es juzgado. Esa es la última instancia, la garantía de que nadie se encuentra por encima de la ley”, concluyó.
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