Organizaciones civiles y abogados de Sinaloa denunciaron que se les impidió el ingreso al Senado de la República para entregar más de 23 mil firmas que exigen la salida del senador Enrique Inzunza Cázares. La senadora del PRI, Paloma Sánchez Ramos, las recibió en una conferencia de prensa realizada este martes.
Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y quien encabezó la recolección, afirmó que el personal de seguridad les informó que había una orden de la Mesa Directiva de no dejarlos pasar.
Dijo que el senador “está escondido atrás de su fuero” y que las firmas fueron verificadas por Change.org.
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Pérez Morales citó declaraciones de la semana pasada de los senadores Higinio Martínez e Ignacio Mier, quienes, según dijo, sostuvieron que el legislador tiene derecho a permanecer bajo su fuero constitucional.
Reconoció ese derecho, pero planteó su postura: “nosotros no estamos diciendo que sea culpable, lo que estamos diciendo es que enfrente sin el manto protector del fuero”.
Recordó que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, con un proceso abierto en Brooklyn, Nueva York.
Señaló que solo respondieron a su solicitud el PRI y el PAN, este último por conducto de Ricardo Anaya y Lilly Téllez, y que la salida del senador requiere “voluntad política”. Como el oficio estaba dirigido al presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, quien no estuvo presente, lo entregó a la senadora priista junto con los certificados de las firmas.
Sánchez Ramos recordó que se cumplen cinco meses de la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, Inzunza Cázares y otros ocho funcionarios sinaloenses.
“La única respuesta que tenemos las y los sinaloenses es la impunidad”, sostuvo, y señaló que la FGR no ha informado de avances.
Exigió: “Saquemos al senador Enrique Inzunza del Senado, que sea entregado a las autoridades de Estados Unidos y que responda por todos sus crímenes”.
Ricardo Beltrán Verduzco, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Abogados, mencionó el requerimiento del gobierno estadounidense y denuncias abiertas ante la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.
Recordó que, siendo secretario general de Gobierno, Inzunza impulsó en el Congreso local el retiro de la inmunidad a tres alcaldes en un procedimiento exprés.
“Un día solo bastó para que le retiraran la inmunidad procesal”, afirmó, y pidió a los diputados federales actuar con la misma celeridad.
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