En medio de un ríspido debate por el control del espacio digital y el alcance del escrutinio público, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con 72 votos a favor, aportados por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde; así como 34 votos en contra de las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.
El legislador del PVEM, Luis Armando Melgar, rompió la disciplina de su bancada y votó en contra junto con el bloque opositor.
Al defender el dictamen, la mayoría oficialista sostuvo que la iniciativa busca actualizar un marco normativo vigente desde 1996 para alinearlo al T-MEC y frenar redes complejas de piratería e identidades apócrifas.
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El senador Javier Corral Jurado (Morena), presidente de la Comisión de Justicia, rechazó las acusaciones de censura y aclaró que el castigo por el uso no autorizado de la gráfica institucional exige acreditar la intención de cometer un ilícito o un fraude.
En el plano técnico, el senador Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Economía, destacó la sustitución del “ánimo de lucro” por el criterio internacional de “escala comercial” (a partir de 170 UMAs) para facilitar la sanción de delitos cometidos en entornos digitales.
Sin embargo, la oposición en bloque cerró filas en contra de la reforma advirtiendo graves riesgos para la libertad de expresión. La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo (PAN) denunció que el artículo 403 Bis criminaliza el disenso, la parodia y el trabajo periodístico al no excluirlos expresamente, lo que obligará a las plataformas digitales a aplicar censura previa.
Por su parte, la senadora Karla Toledo Zamora (PRI) acusó que la redacción es ambigua y no distingue entre fraudes y la sátira política, recordando que un gobierno democrático debe combatir el delito pero jamás la crítica.
En la misma postura, la senadora Alejandra Barrales (MC) calificó la iniciativa como “censura disfrazada de derechos de autor” para controlar las redes sociales, advirtiendo que dotará al gobierno de herramientas jurídicas para encarcelar a sus detractores.
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