El Pleno del Senado de la República comenzó la dictaminación de la reforma en materia de propiedad intelectual, que modifica el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el fin de actualizar un marco normativo estancado desde 1996, adaptar las normas al T-MEC y atajar esquemas complejos de piratería.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Javier Corral Jurado, rechazó las acusaciones sobre una supuesta “ley antimemes” orientada a censurar la sátira política.
Subrayó la urgencia de actualizar las sanciones frente a delitos cada vez más sofisticados. “La pretensión fundamental es salvaguardar los derechos de los creadores e inventores que se ven afectados con la piratería y la falsificación cada vez más sofisticados que hacen uso de estructuras empresariales, sistemas tecnológicos y también se aprovechan de vacíos legales que esta iniciativa intenta atajar”, sostuvo el legislador.
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Negó rotundamente que el castigo al uso no autorizado de la identidad gráfica gubernamental busque limitar la libertad de expresión o el humor político.
“Cabe detenernos en el análisis del delito del uso de la identidad gráfica, del cual se ha dicho que es un intento para evitar y sancionar la crítica política prohibiendo la sátira. Nada más equivocado. Se evita que las personas sean objeto de fraudes”, aseveró, precisando que los cambios aprobados exigen que el uso de imágenes oficiales no tenga como fin deliberado la comisión de un ilícito o la suplantación para engañar a los ciudadanos.
Entre los pilares técnicos de la reforma destaca la sustitución del criterio subjetivo de “ánimo de lucro” por el estándar internacional de “escala comercial”, fijado en un umbral de 170 UMAs (aproximadamente 20 mil pesos).
El senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, explicó la importancia de este cambio para el entorno digital: “No se trata únicamente de sustituir una expresión, sino de establecer parámetros objetivos y verificables para identificar determinadas conductas ilícitas, particularmente aquellas realizadas mediante mecanismos digitales o redes de distribución en las que puede resultar complejo acreditar una intención específica de obtener una ganancia”.
El dictamen también sanciona la filtración de contenidos antes de su estreno oficial, refuerza la vigilancia en aduanas y fija una reparación del daño no menor al 40 por ciento del valor del producto original (de 39 mil a 5.8 millones de pesos).
Ambos legisladores coincidieron en que la propuesta no altera la presunción de inocencia ni invierte la carga de la prueba, asegurando que corresponderá al Ministerio Público acreditar el dolo.
“Estamos ante una actualización de nuestro marco jurídico para responder a una realidad que ha cambiado profundamente”, concluyó Reyes Carmona al pedir el voto a favor.
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Senado aprueba en lo general reforma ‘antimemes’
