| Por Tania Gómez |
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l pleno del Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en una sesión marcada por el debate sobre el control del espacio digital y el alcance del escrutinio público.
La modificación fue avalada en lo general con 72 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 34 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El senador del PVEM Luis Armando Melgar rompió la disciplina de su bancada y votó en contra junto con el bloque opositor.
Al defender el dictamen, la mayoría oficialista sostuvo que la iniciativa busca actualizar un marco vigente desde 1996 para alinearlo al T-MEC y frenar redes de piratería e identidades apócrifas.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Javier Corral, rechazó las acusaciones de censura vertidas por parte de la oposición, y aclaró que sancionar el uso no autorizado de la gráfica institucional exige acreditar la intención de cometer un ilícito o un fraude.
El morenista Emmanuel Reyes, presidente de la Comisión de Economía, explicó que el criterio de “ánimo de lucro” se sustituye por el de “escala comercial”, a partir de 170 Unidades de Medida y Actualización (UMA), para facilitar la sanción de delitos en entornos digitales.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que se trata de proteger la creación y la innovación de quienes producen conocimiento, así como combatir la falsificación y la piratería, lo que hace necesario actualizar los instrumentos jurídicos y armonizar el marco legal con diversos compromisos internacionales.
La oposición cerró filas en contra de la reforma al advertir riesgos para la libertad de expresión. La panista Lilly Téllez subió a tribuna con un par de esposas en la mano y afirmó que la bancada de Morena, a la que llamó “los morenarcos”, va a “criminalizar el sentido del humor, van a criminalizar la risa”.
Al dirigirse al senador Enrique Inzunza, a quien llamó “narcosenador”, le dijo: “Voltee, no sea cobarde”. Añadió que “algún día” lo verán con esposas, igual que al morenista Adán Augusto López.
Según la panista, las esposas deberían usarse contra extorsionadores y huachicoleros, pero, dijo, serán utilizadas contra los creadores de contenido que hagan memes o parodias.
Citó al caricaturista Paco Calderón: “Los tiranos, a lo que más le temen, es a que se burlen y se rían de ellos”.
Su compañera de bancada, María de Jesús Díaz Marmolejo, señaló que el artículo 403 Bis no prevé excepciones explícitas para la parodia ni para el trabajo periodístico, lo que, dijo, llevará a las plataformas a aplicar bloqueos automatizados.
La priista Karla Toledo indicó que la ambigüedad de la norma permite perseguir el humor político bajo el pretexto de combatir fraudes, y sostuvo que un gobierno democrático debe combatir el delito, pero jamás la crítica.
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de MC, calificó la iniciativa como “censura disfrazada de derechos de autor” y dijo que dota al Gobierno de herramientas para encarcelar a sus detractores.
Hubo un cruce entre Ruth González, del PVEM, y la panista Lilly Téllez. González Silva cuestionó desde su escaño que la panista el haber replicado en las pantallas un meme que incluye al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien es su esposo, y le pidió cuidar sus referencias para no incurrir en difamación. Téllez respondió con acusaciones de presuntas amenazas y supuestos vínculos con grupos delictivos en la entidad.
En el desahogo de reservas, la mesa directiva desechó las propuestas de Carolina Viggiano, Simey Olvera y Enrique Inzunza. Sólo prosperó la de Javier Corral al artículo 429 del Código Penal Federal, que establece que los delitos del título “se considerarán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio”, en lugar de la fórmula “cometidos en forma dolosa”.
Corral argumentó que la precisión evita presumir el dolo y la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del acusado: “El dolo no puede ser presumido en la redacción de un artículo porque estaríamos invirtiendo la carga de la prueba”.
Añadió que, de los 27 artículos modificados en la iniciativa original, con este ajuste se concretaron cambios a 15. El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
Oposición advierte censura y ambigüedad
En la oposición, la senadora Lilly Téllez García, del PAN, acusó que se busca “encarcelar a quienes hagan memes” y, desde la tribuna, mostró un par de esposas.
La senadora María de Jesús Díaz Marmolejo, también del PAN, señaló que el artículo 403 Bis carece de excepciones explícitas para la parodia y el trabajo periodístico, mientras que por el PRI, la senadora Karla Toledo Zamora advirtió que la ambigüedad de la norma abre la puerta a perseguir el humor político.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “censura disfrazada de derechos de autor”.
En el desahogo de reservas, se rechazaron las propuestas de modificación a los artículos 424, 425, 426, 429, 430, 431 y 433 del Código Penal Federal.
Únicamente prosperó la de Javier Corral al artículo 429, para establecer que los delitos de ese título “se considerarán de comisión dolosa y se perseguirán de oficio”, con el argumento de evitar que se presuma el dolo.
La controversia
El proyecto plantea, entre otros puntos, los siguientes:
4 a 10 años de prisión a quien, sin autorización, divulgue, publique o distribuya obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos antes de su lanzamiento oficial.
Incorpora el criterio de “escala comercial”, con el propósito de sancionar una conducta ilícita que pretenda obtener un beneficio económico.
Tipifica la utilización, reproducción, imitación o incorporación, “a escala comercial”, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno.
Cuando se busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación de institución pública, tendrá 5 años de prisión.
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