Caso bajo proceso

Juez ordena garantizar comunicación de Ángel Aguirre con abogados y familiares en el Altiplano

El ex gobernador de Guerrero obtuvo una suspensión contra la incomunicación; las autoridades deberán informar en 24 horas las medidas adoptadas para cumplir la resolución

Juez frena incomunicación de Ángel Aguirre en el Altiplano
Juez frena incomunicación de Ángel Aguirre en el Altiplano Foto: FGR

Un juez federal ordenó a las autoridades penitenciarias garantizar que el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pueda comunicarse con sus familiares y abogados, después de que su defensa denunció restricciones para mantener contacto con ellos desde el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano.

Las autoridades responsables deberán informar en un plazo de 24 horas las acciones adoptadas para cumplir la determinación. La medida contempla el acceso de los defensores a los espacios destinados para entrevistas con internos, así como una llamada telefónica entre Aguirre Rivero y sus asesores jurídicos.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, concedió la suspensión de oficio y de plano contra la incomunicación reclamada en el juicio de amparo. En su resolución estableció que esa condición debe cesar “de inmediato” y dejó bajo responsabilidad de las autoridades la integridad física y la salud del ex mandatario.

El beneficio judicial se limita a las condiciones de comunicación durante su reclusión. No modifica la prisión preventiva que enfrenta Aguirre Rivero ni resuelve las acusaciones formuladas en su contra por el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Desde el 6 de agosto, el ex gobernador permanece recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, tras el cumplimiento de una orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR).

Seis días después de su captura, un juez de control lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas. El juzgador mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva y concedió 120 días para el desarrollo de la investigación complementaria.

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MSL

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