El contrabando, la piratería y el comercio ilícito representan una amenaza para la industria nacional, la recaudación fiscal y el empleo formal, por lo que México requiere pasar de una estrategia reactiva a un modelo basado en prevención, inteligencia y coordinación, coincidieron la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
Durante el Foro Nacional de Seguridad Logística, Combate a la Piratería y el Contrabando, industriales, autoridades y especialistas expusieron las dimensiones del mercado ilegal y sus efectos sobre sectores como el textil, calzado, farmacéutico, automotriz, electrónico, alimentos, bebidas y tabaco.
La presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, María de Lourdes Medina Ortega, señaló que los mexicanos destinan más de 63 mil millones de pesos al año a la compra de productos pirata, situación que, sostuvo, coloca en desventaja a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales y regulatorias.
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Advirtió que además de afectar a las compañías formales, el comercio ilegal genera pérdidas fiscales y laborales, al desplazar actividades productivas que operan dentro de la economía formal.
Uno de cada cuatro cigarros es ilegal
Uno de los sectores que expuso la dimensión del problema fue el tabacalero.
Gastón Zambrano Margain, presidente del Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (CONAINTA), afirmó que 26 por ciento del consumo total de cigarros en México corresponde a productos ilegales, equivalente a más de nueve mil millones de unidades al año.
De acuerdo con el representante de la industria, este mercado genera una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales.
“Uno de cada cuatro cigarros consumidos en México es ilegal”, señaló Zambrano Margain, quien atribuyó parte del fenómeno a la diferencia de precios entre los productos legales y los que se comercializan de manera ilícita.
Explicó que mientras una cajetilla legal ronda los 100 pesos, una ilegal puede encontrarse desde 20 pesos, en un mercado donde los impuestos representan alrededor de 70 por ciento del precio final de una cajetilla legal.
El dirigente consideró que esta diferencia de precios constituye un incentivo para que algunos consumidores recurran al mercado ilícito.
Por su parte, Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que en México las actividades ilegales han comenzado a normalizarse, lo que favorece la demanda de productos apócrifos y genera impactos económicos, fiscales y laborales.
En este contexto, el comercio ilícito no sólo representa un problema para las empresas que pierden mercado, sino también para los consumidores, particularmente cuando los productos falsificados corresponden a medicamentos, alimentos o mercancías que pueden representar riesgos para la salud.
El fenómeno también se ha extendido hacia las plataformas digitales, por lo que especialistas plantearon reforzar los mecanismos de identificación, supervisión y trazabilidad de las mercancías.
Durante el foro, Mario Vignettes del Olmo, analista de la consultoría Adrech, llamó a la sociedad civil a mantener la exigencia de que las autoridades garanticen el Estado de Derecho.
Sostuvo que la demanda del sector privado no consiste únicamente en reclamar condiciones de seguridad para las empresas, sino en exigir el cumplimiento de las leyes frente a fenómenos como la violencia, el robo de mercancías y las actividades ilícitas que afectan las cadenas productivas.
“Lo que tenemos que hacer es apoyar el Estado de Derecho y desde la sociedad civil demandar que desde el orden público se cumpla”, planteó.
A su vez, Heriberto Enríquez, director de Asuntos Públicos del Consejo de Empresas Globales, alertó sobre otro efecto del mercado de productos apócrifos: el daño a la reputación de las compañías cuyos productos son falsificados y comercializados fuera de los canales legales.
Explicó que empresas que destinan recursos para mantener controles de calidad pueden enfrentar afectaciones a su imagen cuando sus marcas aparecen en mercancías que no cumplen con sus procesos de producción.
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