Mientras la cantidad de población penitenciaria se mantiene en ascenso consecutivo, los centros de reclusión al que son enviadas las personas detenidas por haber cometido un delito mantienen las preocupantes condiciones, como ingobernabilidad y violencia, que han llevado a que dos de cada tres cárceles, tanto estatales como federales, reprobaran en la última valoración realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De los 278 centros penitenciarios valorados por el órgano en 2025, 177 obtuvieron una calificación entre 0 y 5.9; cien, entre 6 y 7.9, mientras que sólo uno tuvo una evaluación “positiva”, pero con 8.26 y se trató de una prisión militar en la Ciudad de México.
Las condiciones críticas se concentran en los penales estatales, que concentran 98.8 por ciento de las calificaciones reprobatorias —en 175 cárceles— , siendo los estados de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro los únicos que no tuvieron centros penitenciarios en indicadores rojos, niveles en los que también se encuentran los Centros Federales de Reinserción del Noroeste y el de Guanajuato.
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Estar en esta clasificación habla de penales que, en su mayoría, enfrentan una inadecuada clasificación de los presos, que se carece de acciones que prevengan y atiendan incidentes violentos, lo que va de la mano con una insuficiente cantidad de personal de custodia y seguridad, según deja ver el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025.
Hacinamiento, sin condiciones de higiene...
Otra deficiencia hallada en las visitas realizadas es que no se cuentan con las condiciones necesarias de material e higiene de las instalaciones para que las personas permanezcan en estos lugares. A ello se suma el hacinamiento, una inadecuada separación de personas que ya fueron procesadas y las que esperan sentencia, carencia de programas para prevenir y desintoxicar de adicciones, así como de vías para remitir quejas de violaciones a derechos humanos y también deficiencias para imponer sanciones disciplinarias.
Para 2025, la CNDH no realizó la visita que también tenía prevista para el Centro Penitenciario de Aguaruto y Centro Penitenciario Región del Évora de la Ciudad de Angostura, ambos en Sinaloa, por motivos de inseguridad.
El personal encargado de acudir a la supervisión alertó que durante el periodo programado para la visita se registró un incremento en las condiciones de riesgo derivado de la actividad de la delincuencia organizada en el estado, incluyendo las vías de comunicación, a lo que se sumó también un incremento de la violencia reportado dentro de estas dos prisiones.
“Ambos factores motivaron la decisión institucional de no exponer al personal visitador ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el traslado y el desarrollo de la Supervisión”, dijo la CNDH.
CNDH registra incremento de personas enviadas a prisión
Estos escenarios se advierten en medio del incremento consecutivo de personas enviadas a prisión. En agosto de 2024, la población penitenciaria era de 233 mil 687 personas, la cual pasó a 252 mil 466 en el mismo mes de 2025, lo que habla de un incremento de 8.04 por ciento entre ambos años, y de un 9.12 por ciento para este 2026, cuando ya suman 275 mil 497 personas privadas de la libertad.
Al presentar este Diagnóstico, la presidenta de la Comisión, Rosario Piedra Ibarra, advirtió una preocupación profunda por lo observado, particularmente, en las prisiones estatales y que además han sido señalamientos hechos desde años anteriores pero que siguen sin ser atendidos por las autoridades responsables.
“Lo anterior debe llamar especialmente la atención de las autoridades responsables, dado que para el 2025 se alertó sobre la persistencia y la deficiencia y las áreas de oportunidad que siguen sin ser atendidas oportunamente y que son reiteradas año tras año”Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH
Advirtió que ve una contradicción entre las mejoras físicas que se han tenido en los espacios y los procesos, y la atención que se brinda a los presos, situación ante lo cual enfatizó el llamado a que los responsables no solamente asuman acciones de “custodiar” a las personas dentro de estos espacios, sino que se aseguren que su estancia no sea un “doble castigo” y se garantice el objetivo de que alcancen una reinserción social.
Piedra Ibarra dijo que la CNDH no simulará las calificaciones penitenciarias y sostuvo que estos resultados no “atienden a agendas políticas ni buscan ser una guía o antesala para el alcance de certificaciones que elaboren otras instituciones nacionales y/o extranjeras”.
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