Ricardo Thompson Navarro, vocal del Consejo de Administración de Ingemar y uno de los empresarios a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) atribuye participación en una red de contrabando de combustibles por ferrocarril vinculada con el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, dejó el penal de máxima seguridad del Altiplano después de que un juez de control modificó su medida cautelar y ordenó que permaneciera en su domicilio de Ensenada, Baja California.
Con su salida, al menos cinco imputados del mismo caso cumplen ya la prisión preventiva fuera de un centro penitenciario.
El cambio salió a la luz por una diligencia relacionada con un juicio de amparo y no por un anuncio de la autoridad ministerial. Un actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México acudió al Centro Federal de Readaptación Social número 1 para notificar al empresario sobre escritos de desistimiento, pero personal penitenciario le informó que ya había abandonado el lugar por una modificación de la medida cautelar.
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Los registros judiciales consultados este miércoles hacen referencia al amparo 980/2026 y ubican a Thompson bajo resguardo domiciliario en la colonia El Sauzal, en Ensenada. Ante su ausencia en el Altiplano, el juzgado mexiquense solicitó apoyo a un órgano federal de Baja California para localizarlo en esa vivienda, entregarle la documentación y preguntarle si ratificaba los desistimientos presentados por su defensa.
A diferencia del caso de Ruffo Appel, hasta ahora no se han hecho públicos los argumentos que permitieron a Thompson obtener la modificación. Los acuerdos conocidos no precisan qué juez de control celebró la audiencia de revisión, cuándo ocurrió, qué condiciones adicionales le impuso ni cómo quedó resuelta la segunda prisión preventiva que otro juzgador ordenó contra el empresario el 13 de agosto.
Durante la primera etapa del proceso, la situación había sido distinta. Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, rechazó en julio que Thompson y Ruffo continuaran el procedimiento desde sus domicilios y los vinculó por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas con hidrocarburos. Ambos quedaron recluidos en el Altiplano.
Como parte de sus argumentos para mantener a Thompson privado de la libertad, el Ministerio Público Federal expuso que tenía distintos domicilios, pasaporte vigente, registros de movimientos migratorios entre 2015 y 2018 y participación en 14 empresas de Ensenada. La representación social sostuvo que esas circunstancias aumentaban el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la justicia.
Más tarde, el 13 de agosto, una jueza de control le impuso una segunda prisión preventiva, esta vez justificada. La defensa acudió al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México para combatirla, pero no obtuvo la suspensión provisional solicitada. De forma paralela, otro amparo contra la vinculación frenó el avance hacia el juicio oral mientras la justicia federal resuelve el fondo de esa impugnación.
Para Thompson, la nueva resolución representa un cambio respecto de aquel escenario y lo coloca en una condición similar a la de otros cuatro acusados. José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales recibieron prisión domiciliaria desde julio por motivos de salud. Juan Hermilo Chávez Rodríguez, agente aduanal de 86 años, consiguió en agosto un amparo que permitió trasladar la cautelar a su casa en Nuevo León.
Su socio Ernesto Ruffo Appel obtuvo el mismo esquema el 25 de septiembre. Un juez autorizó que dejara el Altiplano debido a su edad y condiciones médicas, además de imponerle vigilancia de la Guardia Nacional, retiro de pasaporte y visa, prohibición para abandonar el país y restricciones de contacto con testigos. El exgobernador salió del centro federal al día siguiente rumbo a Ensenada.
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