La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó calificaciones reprobatorias a 177 de los 278 centros penitenciarios que evaluó en 2025, casi dos de cada tres, en medio de deficiencias de seguridad, violencia y hacinamiento, mientras la población en reclusión mantiene un crecimiento constante.
De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, los centros reprobados obtuvieron entre 4.7 y 5.9 puntos; otros 100 alcanzaron calificaciones de seis a 7.7. Sólo una prisión militar de la Ciudad de México superó los ocho puntos, con 8.26. La calificación máxima es de 10.
Las condiciones más críticas se concentran en los penales estatales: 175 recibieron notas reprobatorias, equivalentes a 98.8 por ciento en esa categoría. Aguascalientes, Colima, Michoacán y Querétaro fueron las únicas entidades sin prisiones locales en cifras rojas. También reprobaron los centros federales del Noroeste y de Guanajuato.
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Entre las deficiencias identificadas figuran una inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, insuficiencia de custodios y personal de seguridad, así como falta de acciones para prevenir y atender incidentes violentos. También, carencias materiales y de higiene, hacinamiento, falta de separación entre procesados y sentenciados, ausencia de programas para prevenir y atender adicciones, y deficiencias en los mecanismos de queja por violaciones a derechos humanos y en la aplicación de sanciones disciplinarias.
La inseguridad impidió realizar las supervisiones previstas en los centros de Aguaruto y de la Región del Évora, en Angostura, Sinaloa. Durante el periodo programado para las visitas aumentaron los riesgos derivados de la actividad de la delincuencia organizada, incluidos los traslados por las vías de comunicación, además de la violencia reportada dentro de ambas prisiones.
“Ambos factores motivaron la decisión institucional de no exponer al personal visitador ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para el traslado y el desarrollo de la supervisión”, explicó el organismo nacional.
El deterioro ocurre mientras aumenta la población penitenciaria. En agosto de 2024 había 233 mil 687 personas recluidas; en el mismo mes de 2025 la cifra llegó a 252 mil 466, un incremento de 8.04 por ciento. Para agosto de 2026 sumó 275 mil 497, un aumento de 9.12 por ciento.
Al presentar el diagnóstico, la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, expresó preocupación por las condiciones, particularmente en los penales estatales, y advirtió que persisten fallas señaladas desde años anteriores sin una respuesta oportuna de las autoridades responsables.
Señaló una contradicción entre mejoras físicas de las instalaciones y la atención a los recluidos. Llamó a las autoridades a garantizar que la estancia no represente un “doble castigo” y a cumplir el objetivo de reinserción social, más allá de la custodia.
Sostuvo que la CNDH no simulará las calificaciones y que los resultados no responden a agendas políticas ni buscan ser antesala de certificaciones externas.
Siguen los problemas
Porcentaje de cárceles visitadas que presentaron las siguientes deficiencias:
Inadecuada clasificación de internos 98.9%
- Pocos programas para prevenir y atender incidentes violentos / 93.1%
- Escaso personal de seguridad y custodia / 92.3%
- Deficiencias en los servicios de salud /
- Sobrepoblación en 129 centros estatales / 49.4%
- Hacinamiento en 124 penales / 47.5%
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