El Gobierno de México no inició procesos penales ni obtuvo condenas contra funcionarios públicos por su presunta participación en redes de trata de personas durante 2025, a diferencia del año anterior, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En su Informe sobre Trata de Personas 2026, Estados Unidos señaló que la corrupción y la complicidad institucional continúan como obstáculos para investigar y sancionar estos delitos.
Pese a la ausencia de acciones judiciales contra servidores públicos, las autoridades mexicanas reportaron una investigación contra un integrante de las Fuerzas Armadas por su posible participación en actividades de explotación sexual. El documento no proporcionó identidad, grado militar ni información sobre el avance del expediente.
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Las instituciones mexicanas tampoco proporcionaron información sobre el estado de los procedimientos que involucran a otros funcionarios bajo sospecha de colaborar con organizaciones de explotación humana. El Departamento de Estado identificó estas omisiones entre las principales deficiencias de la respuesta gubernamental contra la trata.
Disminuyen casos respecto al año pasado
Durante 2025, México abrió 489 investigaciones por este delito, frente a las 661 del año anterior, una disminución de 172 casos. En contraste, las autoridades iniciaron procesos penales contra 268 sospechosos, en comparación con 162 durante 2024, mientras los tribunales dictaron 124 condenas, frente a las 98 del periodo previo.
Las nuevas acciones judiciales corresponden a 177 acusados por explotación sexual, 37 por trabajos forzosos y 54 por modalidades que el Gobierno no precisó. Además, las autoridades mantuvieron procedimientos de años anteriores contra otros 245 presuntos responsables.
Sin embargo, Estados Unidos advirtió que las estadísticas oficiales presentan deficiencias de recopilación y que el Gobierno federal no proporcionó información completa sobre sus acciones contra la trata. Tampoco comunicó todos los datos de las sentencias que recibieron las personas que obtuvieron condenas.
Otro de los cuestionamientos estadounidenses corresponde a la capacitación del personal judicial. El Gobierno mexicano no impartió formación sobre trata de personas a los jueces que llegaron a sus cargos tras las elecciones judiciales, mientras policías y funcionarios sin preparación específica enfrentan dificultades para identificar estas conductas.
La evaluación advierte que esas deficiencias provocan que algunos responsables enfrenten acusaciones por delitos distintos, cuyas penas resultan menores a las que contempla la legislación contra la trata. Además, señala que la coordinación entre autoridades federales y estatales mantiene problemas que afectan las investigaciones.
En junio de 2025, el Gobierno federal eliminó la instancia nacional de coordinación contra el secuestro, que desde 2023 tenía la responsabilidad de articular las investigaciones por trata entre instituciones de los distintos niveles gubernamentales. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) conservaron sus atribuciones en el ámbito federal.
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JVR
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