Una víctima era familiar

Deja 10 muertos riña en penal de Mazatlán

REPORTAN disparos por enfrentamiento entre 2 grupos de internos; fallece menor que estaba de visita; hay 16 heridos

Una ambulancia sale del centro penitenciario, ayer.
Una ambulancia sale del centro penitenciario, ayer. Foto: Cuartoscuro

Una riña suscitada en el Centro Penitenciario El Castillo de Mazatlán, Sinaloa, culminó con un saldo de 10 personas muertas, de las cuales nueve eran internas y una había acudido a la visita familiar, así como 16 reclusos heridos.

El hecho comenzó alrededor de las 10:00 horas, cuando se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en el interior del penal estatal, lo que encendió una situación de alerta entre las autoridades y familiares de las personas privadas de la libertad.

Familiares de los internos llegaron al lugar y, en medio de la desesperación, retiraron una reja colocada en las inmediaciones de la prisión, para exigir información sobre sus seres queridos, ante la falta de claridad sobre la identidad de las víctimas.

  • El Dato: Esta prisión cuenta con una población de 2 mil 217 internos y supera la capacidad oficial de mil 800 personas, lo que representa una sobrepoblación de 400 reclusos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que las personas heridas fueron trasladadas para recibir atención médica prehospitalaria. Hasta el cierre de esta edición no había dado a conocer la identidad de las personas lesionadas ni de las fallecidas.

De acuerdo con medios locales, familiares habrían confirmado al exterior del penal que entre los fallecidos se encuentran Amado ‘N’, de 40 años, y Víctor Manuel ‘N’, de 45 años, además de un menor edad, de 11 años, de nombre Edgar Arturo, quien habría ingresado con sus familiares por ser día de visita.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación habría comenzado con una confrontación entre dos grupos de internos. Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional, conformado por elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina —que realizó sobrevuelos con helicóptero— y la Policía Estatal ingresó a las instalaciones penitenciarias para controlar la situación.

Luego de que la situación fuera controlada, se permitió el acceso de siete ambulancias de la Cruz Roja. Pasadas las 17:30 horas, la SSP también que el centro penitenciario se encontraba bajo control y se mantenía la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad.

Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, para realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que resulten.

La Secretaría de Seguridad indicó que, como medida preventiva, y con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas privadas de la libertad, del personal administrativo y de las familias, las visitas al centro penitenciario quedaron suspendidas durante el día.

“Reiteramos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, mantener informada a la ciudadanía y colaborar con las instancias correspondientes para el esclarecimiento de estos hechos”, refirió la dependencia.

El episodio ocurre dos semanas después de otro hecho de violencia dentro del mismo penal. El 24 de septiembre, dos internos murieron luego de una discusión que derivó en una agresión con un objeto punzocortante en el área de talleres, uno de ellos apenas tenía tres semanas ahí.

Apenas el miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) divulgó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, en el cual el estado de Sinaloa tuvo una calificación general de 5.2, ubicada entre las más bajas del país.

En dicho reporte, el Centro Penitenciario El Castillo tuvo una calificación de 5.25 y se detectó que en dicho centro hay deficiencias en los servicios de salud, en la separación entre hombres y mujeres, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención, en caso de detección.

También registró insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, e insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.


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