Una red de narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa operaba en Estados Unidos bajo instrucciones de una célula conocida como “La Oficina”, cuyos integrantes coordinaban desde México el suministro de drogas. Dos de sus principales operadores dirigían parte de las actividades desde prisiones de Tennessee, esto de acuerdo con una acusación federal contra 24 personas por tráfico de estupefacientes y otros delitos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un gran jurado de Nashville formuló 33 cargos contra los presuntos integrantes de la organización, a quienes atribuye la distribución de metanfetamina, fentanilo, cocaína, heroína y marihuana.
La acusación data del 21 de octubre, aunque las autoridades levantaron su carácter reservado seis días después.
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Los documentos judiciales identifican a Humberto Morales, de 34 años, alias “Pelón”, “Homie”, “Big Homie” y “Jefe”, así como a José Martín Pérez, de 30, conocido como “JR” o “Junior”, como los dos operadores de alto rango que coordinaban actividades del grupo desde centros penitenciarios estatales, donde cumplen condenas por otros delitos.
Ambos participaban, según la Fiscalía, en la negociación de precios, la recepción de pedidos y la organización de entregas de narcóticos en distintas localidades del Distrito Medio de Tennessee.
Las instrucciones provenían de personas vinculadas con “La Oficina”, a quienes los investigadores atribuyen la coordinación de operaciones en territorio estadounidense por cuenta del Cártel de Sinaloa.
Para mantener la comunicación entre proveedores, distribuidores y compradores, la organización recurría casi exclusivamente a Signal, una aplicación de mensajería cifrada. Los clientes solicitaban sustancias mediante contactos directos con sus representantes, quienes acordaban cantidades, costos y lugares de entrega.
El grupo también contaba con mensajeros y responsables de inmuebles que servían para almacenar los cargamentos. Sus integrantes cambiaban frecuentemente de vehículos, intercambiaban placas de circulación y utilizaban automóviles registrados a nombre de terceros para dificultar el seguimiento de sus actividades.
Según las investigaciones, cuando las autoridades detenían a alguno de los participantes, otros miembros de la red trasladaban drogas, armas y dinero en efectivo fuera de las propiedades que utilizaban como centros de almacenamiento, con el propósito de evitar nuevos decomisos.
El alcance de las operaciones quedó reflejado en los aseguramientos que reportaron las agencias estadounidenses, con aproximadamente 500 kilogramos de metanfetamina, 20 kilos de fentanilo, 60 de cocaína, más de 375 mil dólares en efectivo, diversas armas de fuego y cinco vehículos.
Los fiscales sostienen que los acusados participaron en el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante transacciones financieras y el traslado de grandes cantidades de efectivo hacia personas en México responsables de abastecer drogas a diferentes mercados estadounidenses.
Braden H. Boucek, fiscal federal del Distrito Medio de Tennessee, señaló que el caso exhibe una estructura criminal con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa y capacidad para mantener sus operaciones incluso desde instalaciones penitenciarias.
El funcionario advirtió que los muros de las prisiones y las fronteras internacionales no impedirán que las autoridades procesen a quienes trafican drogas hacia esa región.
De acuerdo con la acusación, los 24 imputados enfrentan cargos por conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir al menos 50 gramos de metanfetamina, 400 gramos de fentanilo y cinco kilogramos de cocaína, además de cantidades de heroína y marihuana.
Nueve de ellos también enfrentan imputaciones por delitos relacionados con armas de fuego. Entre los señalados figuran Magdiel Pina Ramírez, Chason Lipscomb, David Joseph Kelsey, Héctor Alexis Rodríguez Sánchez y José Pablo Gachuz-Zamora, además de otros cuatro presuntos participantes.
Las autoridades precisaron que 16 acusados permanecen bajo custodia estatal por causas ajenas a esta investigación. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para los 24, ante los riesgos de fuga, obstrucción de la justicia y peligro para la comunidad.
En caso de que un tribunal determine su responsabilidad penal, Morales enfrentaría una condena mínima obligatoria de 25 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Los otros 23 acusados podrían recibir entre 10 años y prisión de por vida, mientras que los delitos relacionados con armas contemplan sanciones adicionales de al menos cinco años.
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MSL
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