Por mayoría de votos

SCJN avala conservación de registros de celulares

Pleno avaló la obligación de las empresas de telefonía de conservar registros de las comunicaciones de sus usuarios

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de noviembre de 2026.
Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 17 de noviembre de 2026. Foto: scjn.gob.mx

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la obligación de las empresas de telefonía de conservar registros de las comunicaciones de sus usuarios, al negar, por mayoría de votos, un amparo contra la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que alegaba violaciones a la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión.

Al resolver el amparo en revisión 193/2026, con ponencia de la ministra María Estela Ríos González, el Pleno determinó que las normas son constitucionales, pues la conservación de registros es una medida dirigida a los concesionarios y no implica, por sí misma, acceso al contenido de llamadas o mensajes.

El proyecto sostuvo que los artículos 6 y 16 constitucionales permiten al legislador establecer mecanismos para tratar datos personales con fines de seguridad pública y procuración de justicia. Ríos González argumentó que la ley prevé salvaguardas: delimitación de los datos, plazos de almacenamiento y obligaciones de seguridad y confidencialidad. Precisó que el acceso a los registros está sujeto a control judicial federal y que la conservación no equivale a vigilancia permanente.

El ministro Arístides Guerrero García advirtió que los metadatos pueden revelar patrones de comportamiento, relaciones personales y aspectos de salud, ideología, religión o afiliación política, aun sin conocer el contenido de las conversaciones. “Permite inferir patrones íntimos”, sostuvo.

Planteó un examen de proporcionalidad para determinar si la conservación generalizada es indispensable o si hay alternativas menos invasivas, como la preservación específica de datos cuando ya existe una investigación.

El ministro Irving Espinosa Betanzo también votó en contra en varios apartados. Señaló que la norma sobre geolocalización en tiempo real no precisa suficientemente los supuestos y límites para que las autoridades pidan información, y recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 303) fija como regla la autorización judicial previa.

El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, defendió el proyecto, pero precisó que la geolocalización debe sujetarse al artículo 16 constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales: “Se salva la constitucionalidad de esta norma mediante una interpretación conforme”.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf también lo respaldó, con salvedades.

El Pleno aprobó por seis votos contra tres el apartado sobre conservación de registros. Los relativos a libertad de expresión y acceso a los registros obtuvieron siete votos; el de bloqueo de señales, ocho, y el de geolocalización, siete. Guerrero y Espinosa anunciaron votos particulares.

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cehr

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