La Fiscalía federal del Distrito Oeste de Texas, en Estados Unidos, acusó a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes de La Nueva Familia Michoacana, de controlar minas en territorio mexicano, entre ellas Campo Morado, en Guerrero, y utilizar los minerales que extraían para obtener precursores químicos de empresas chinas destinados a la fabricación de drogas sintéticas.
El señalamiento forma parte de una acusación contra 21 presuntos integrantes y colaboradores de la organización criminal, de los cuales 16 permanecen prófugos y las autoridades estadounidenses creen que se encuentran en México. Los otros cinco están bajo custodia federal, según el Departamento de Justicia.
De acuerdo con el expediente presentado ante un tribunal de Del Río, Texas, el grupo dejó de limitarse a extorsionar a empresas mineras y comenzó a tomar el control de explotaciones completas, lo que le permitió desarrollar un sistema de intercambio de minerales mexicanos por cargamentos de sustancias químicas procedentes de China.
La investigación identifica específicamente a Campo Morado, en Guerrero, como una de las minas que presuntamente controla la organización. Además, sostiene que sus vínculos comerciales con compañías chinas le permitieron acceder a productos de alta demanda en las cadenas internacionales de suministro, aunque no precisa los nombres de las empresas involucradas ni el volumen de las operaciones.
Otro de los hallazgos apunta a la expansión territorial de La Nueva Familia Michoacana hacia Puebla y Morelos desde julio de 2026, además de su presencia en Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde las autoridades estadounidenses ubican sus principales actividades criminales.
Según la acusación, los hermanos Hurtado Olascoaga extendieron sus actividades de narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de migrantes, extorsión y lavado de dinero a distintas regiones de Estados Unidos.
Johnny, alias “El Pez” o “Don Gabino”, encabeza el cártel, mientras que José Alfredo, conocido como “El Fresa” o “El Chino”, ocupa el segundo puesto de mando y transmite las instrucciones a los operadores responsables de cada actividad ilícita.
La Fiscalía también identifica a Johnny Hurtado Hernández, alias “Tarzán”, hijo de “El Pez”, como posible sucesor de ambos dirigentes. El expediente lo ubica en la cuarta posición de la estructura y le atribuye el control de cobros por extorsión en distintas zonas, además de un grupo de sicarios bajo sus órdenes.
Por encima de él aparece Josué López Hernández, alias “Colima”, considerado el tercero al mando y responsable de las operaciones de seguridad y tráfico de armamento. Otro de los principales operadores es Edgar Aguilar Cruz, conocido como “El Gallo”, quien presuntamente coordina el traslado de migrantes y la adquisición de armas.
La acusación atribuye además a los hermanos Hurtado Olascoaga la orden de asesinar en junio de 2022 a Medardo Hernández Vera, alias “El Cien”, quien tenía bajo su control actividades de extorsión, secuestro y narcotráfico en el Estado de México.
Drogas al norte, armas al sur
La acusación también señala que La Nueva Familia Michoacana incorporó drones con explosivos improvisados a sus enfrentamientos y desarrolló redes de vigilancia en las zonas montañosas de Guerrero y Michoacán para detectar la presencia de organizaciones rivales y elementos de seguridad.
Respecto a sus operaciones en Estados Unidos, la Fiscalía sostiene que los acusados participaron en la introducción y distribución de miles de kilogramos de metanfetamina, cocaína y heroína desde 2006, así como en el traslado de armamento hacia territorio mexicano.
Durante las investigaciones, la Administración para el Control de Drogas (DEA) aseguró en la región de Austin alrededor de 500 kilogramos de metanfetamina, más de 45 kilos de cocaína, 500 gramos de fentanilo y un millón de dólares provenientes del narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses también documentaron la compra de rifles calibre .50, fusiles AR-15, armas de calibre 7.62 y pistolas para abastecer a integrantes del grupo en México. El expediente menciona conversaciones para adquirir lanzacohetes y dispositivos que permiten instalar ametralladoras en vehículos.
Uno de los cargamentos identificados contenía aproximadamente 33 armas de fuego, entre rifles semiautomáticos y pistolas, que agentes fronterizos interceptaron el 18 de mayo de 2024 en Eagle Pass, Texas. Varias piezas tenían los números de serie borrados para dificultar la identificación de sus compradores.
La red también enfrenta acusaciones por el traslado irregular de migrantes, incluido un accidente ocurrido el 15 de marzo de 2021 cerca de Del Río, cuando una camioneta que intentaba escapar de las autoridades a más de 160 kilómetros por hora chocó frontalmente contra otro vehículo. Ocho personas murieron, entre ellas un menor de edad.
El fiscal federal Justin Simmons informó este viernes 20 de noviembre que los 21 acusados enfrentan 14 cargos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, contrabando de armas, lavado de dinero, tráfico de personas y apoyo material a una organización terrorista extranjera.
Del total de imputados, 19 podrían recibir penas de hasta cadena perpetua y los otros dos enfrentarían condenas máximas de 20 años de prisión, si los tribunales estadounidenses los declaran culpables.
Las cinco personas que ya se encuentran bajo custodia federal son Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez. El Departamento de Justicia confirmó que los otros 16 continúan prófugos y que presuntamente permanecen en territorio mexicano.
Simmons confió en que las autoridades mexicanas colaboren para trasladar a Estados Unidos a los acusados que aún permanecen en el país, a fin de que enfrenten los cargos en su contra. “Los cárteles no son sólo un problema mexicano”, afirmó el fiscal, al señalar que las actividades de estas organizaciones también ponen en riesgo a la población estadounidense.
La Nueva Familia Michoacana figura en la lista de organizaciones terroristas extranjeras de Estados Unidos desde el 20 de febrero de 2025. La acusación actual incorpora cargos por proporcionar presuntamente armas y recursos económicos a esa estructura después de su designación.
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