La Corte Suprema de Argentina confirmó el fallo que condena a seis años de prisión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por corrupción, además de inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos. La resolución ratifica el veredicto de 2022, donde se la halló culpable de direccionar contratos de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez durante su presidencia (2007-2015), en una maniobra que desvió al menos 70 millones de dólares.
Kirchner, de 72 años, no podrá contender por una diputación en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, lo que trunca sus aspiraciones políticas inmediatas. A pesar de ello, sus simpatizantes se volcaron a las calles de la capital, Buenos Aires, en protesta contra lo que consideran una persecución judicial. Los manifestantes bloquearon avenidas y portaron pancartas con su rostro y el de Evita Perón, símbolo del peronismo histórico.
Desde el estrado, Kirchner descalificó duramente a los tres magistrados que votaron en su contra, los llamó “marionetas del poder económico”, y afirmó que la resolución responde a intereses que trascienden al gobierno actual. “No es la oposición. Es el poder económico concentrado del gobierno argentino”, dijo ante miles de seguidores congregados frente a la sede del Partido Justicialista.
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- El Dato: Fernández se une a la lista de expresidentes argentinos con condenas judiciales, como Carlos Menem.
Por su parte, el presidente Javier Milei celebró el fallo con un escueto pero contundente mensaje en redes sociales: “Justicia. Punto”.
Fernández, quien también fue vicepresidenta de Alberto Fernández entre 2019 y 2023, aseguró que su movimiento político resistirá incluso desde la cárcel. “Aunque no pueda presentarme, el kirchnerismo sigue vivo”, señaló. El analista político Carlos Fara coincidió en que su liderazgo es fuerte: “No será lo mismo sin ella en la boleta, pero su influencia no desaparece”.
La defensa legal de la exmandataria planea solicitar que la condena se cumpla en arresto domiciliario debido a su edad. Además, recurrirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Vamos a llevar este caso a todos los organismos internacionales”, aseguró su abogado Gregorio Dalbón.
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Fernández enfrenta aún otras causas penales, una de las cuales irá a juicio en noviembre por un presunto esquema de sobornos. La causa actual, iniciada en 2016, se centró en 51 contratos otorgados a empresas de Báez en la Patagonia, presuntamente con sobreprecios del 20% y sin ejecutar en su totalidad.
El fallo no sólo marca un punto de inflexión en la carrera de una de las figuras más influyentes del país, sino que también reconfigura el panorama del peronismo, que enfrenta el reto de reorganizarse sin su principal referente. Según observadores, el futuro del movimiento dependerá de si logra cohesionarse o termina fragmentado por la ausencia de su líder.
