Brasil ayer llevó a cabo un hecho histórico al sentenciar con 27 años y tres meses de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por atentar contra el orden democrático. La decisión fue tomada por la Primera Sala de la Corte Suprema, integrada por cinco jueces que, con cuatro votos a favor y uno en contra, declararon culpable al exmandatario de haber liderado un complot para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras las elecciones de 2022.
Bolsonaro, que ya se encontraba bajo arresto domiciliario, se convierte así en el primer expresidente brasileño condenado por delitos contra la democracia. La condena representa un precedente histórico en un país con un pasado marcado por dictaduras militares y constantes tensiones institucionales. Según el magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Sala, “las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el Estado democrático de derecho”.
- El Dato: El Ministerio de Exteriores de Brasil calificó el comentario de Rubio como una amenaza que ataca a la autoridad brasileña.
El fallo alcanzó también a otros siete acusados, entre ellos exministros y antiguos jefes militares, quienes fueron señalados como parte de la organización criminal que habría conspirado para instalar un régimen autoritario. Los delitos incluyen tentativa de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, deterioro del patrimonio protegido y daños calificados contra bienes gubernamentales.
De acuerdo con la Fiscalía General, la conspiración comenzó en junio de 2021, cuando Bolsonaro inició una campaña sostenida para desacreditar el sistema electoral. A través de transmisiones en redes sociales y declaraciones públicas, el entonces presidente cuestionó sin pruebas la fiabilidad de las urnas electrónicas y atacó a jueces de la Corte Suprema.
Conforme se acercaban las elecciones de 2022, las acciones se intensificaron. En reuniones ministeriales catalogadas como “golpistas” por los jueces, Bolsonaro insistió en denunciar un fraude inexistente y planteó escenarios de intervención militar. También convocó a embajadores extranjeros para sembrar sospechas sobre el sistema electoral vigente desde 1996.
- 13 actos ejecutivos confirman la conspiración
El deterioro institucional alcanzó su punto máximo tras la victoria de Lula en octubre de 2022. Diversos grupos radicales organizaron protestas, bloquearon carreteras y establecieron campamentos frente a instalaciones militares, exigiendo que el Ejército impidiera la investidura del líder progresista. El 24 de diciembre de ese año, una bomba colocada cerca del aeropuerto de Brasilia fue desactivada a tiempo, lo que evidenció el nivel de radicalización de los simpatizantes bolsonaristas.
Finalmente, el 8 de enero de 2023, apenas una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de activistas de ultraderecha invadieron y vandalizaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la propia Corte Suprema. Según la acusación, aquella jornada violenta fue el corolario de un plan dirigido personalmente por Bolsonaro para forzar una ruptura institucional.
CRÍTICAS INTERNACIONALES. La condena provocó reacciones inmediatas fuera de Brasil. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró “sorprendido” por el veredicto y expresó su apoyo a Bolsonaro. “Como líder extranjero, pensé que era un buen presidente. Es muy sorprendente que esto pudiera suceder”, dijo en declaraciones públicas. Además, comparó el caso con el suyo propio, al recordar las acusaciones en su contra tras el asalto al Capitolio en 2021, un proceso del que se libró tras su retorno a la presidencia.
Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, fue más lejos al denunciar lo que calificó como una “caza de brujas” contra Bolsonaro. En su mensaje, acusó al juez Alexandre de Moraes de liderar una persecución política y advirtió que Washington responderá “en consecuencia” a lo que considera una injusticia.
Las tensiones se suman a las medidas económicas adoptadas por la administración Trump, que recientemente impuso un arancel del 50% a la mayoría de los productos brasileños exportados a Estados Unidos, en un gesto que Brasilia interpretó como represalia por el avance del proceso judicial contra Bolsonaro.
Mientras tanto, desde Brasilia, Lula defendió la legitimidad del fallo y afirmó que existen “decenas, cientos de pruebas” de la trama golpista. En entrevista televisiva, acusó a su antecesor de “cobarde” por abandonar el país antes de la investidura presidencial. “Bolsonaro orquestó todo y luego se fue”, señaló.
Por su parte, la Corte Suprema fundamentó su decisión en un conjunto amplio de pruebas reunidas por la Fiscalía. Según el juez relator Alexandre de Moraes, se documentaron al menos 13 actos ejecutivos que confirmaban la conspiración. Entre ellos se incluyen discursos públicos, transmisiones en vivo, intercambios de mensajes y reuniones.
Uno de los episodios destacados fue la reunión ministerial del 5 de julio de 2022, en la que Bolsonaro insistió frente a sus ministros y a altos mandos militares en el riesgo de fraude y la necesidad de “dar un golpe encima de la mesa”. Seis de los ocho condenados son militares, lo que refleja la dimensión institucional.
También se citó la elaboración de decretos que buscaban otorgar poderes extraordinarios al Ejecutivo, la disolución de la justicia electoral y la detención de opositores. Según la acusación, los conspiradores incluso contemplaron planes de atentar contra la vida del actual mandatario, de su vicepresidente Geraldo Alckmin y del juez De Moraes.
Aunque parte de las Fuerzas Armadas se negaron a secundar el plan, la Marina, respaldó lo que la Corte describió como “proyecto autoritario”.
