La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, desató polémica ayer al describir a Chicago como “una zona de guerra”, tras el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el mandatario estadounidense Donald Trump. Sus declaraciones llegaron mientras aumentaban las tensiones entre la administración federal y los gobernadores demócratas, que acusan a la Casa Blanca de usar la fuerza militar con fines políticos.
Durante una entrevista en Fox News, Noem responsabilizó al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por la situación en la ciudad, al afirmar que “miente para proteger a los criminales”. La funcionaria defendió las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la presencia de soldados federales, con el argumento de que la población “se siente más segura” desde la intervención del gobierno.
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Las declaraciones se produjeron luego de que Trump autorizara el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois a Chicago para proteger instalaciones federales. La medida, ampliamente criticada, fue interpretada como un intento del magnate de federalizar la seguridad pública en territorios gobernados por demócratas.
En tanto, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, replicó desde CNN que la administración “está convirtiendo la ciudad en una zona de guerra”. Condenó lo que consideró una “ocupación militar” y exigió la retirada inmediata de las tropas. En redes sociales, Pritzker denunció que el Departamento de Defensa le dio un ultimátum: “O llamábamos a nuestras tropas, o lo harían ellos”. Calificó la decisión como “indignante y antiamericana”.
Mientras tanto, el despliegue de tropas se extendió al noroeste del país. Ayer, la Casa Blanca anunció el envío de 300 soldados federalizados de California a Oregón, después de que una jueza bloqueara la orden de Trump de usar la Guardia Nacional de ese estado. La magistrada Karin Immergut sostuvo que no existía evidencia de violencia que justificara la intervención, y retrasó cualquier despliegue hasta el 18 de octubre.
- 300 soldados de la Guardia Nacional fueron enviados a California
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el movimiento como “un abuso de poder vergonzoso” y anunció que llevará el caso a los tribunales. “No se trata de seguridad pública, se trata de poder”, dijo en un comunicado. A su juicio, la administración Trump “ignora las órdenes judiciales” y trata incluso a los jueces designados por el magnate como “enemigos políticos”.
A su vez, el gobernador de Oregón, Dan Rayfield, también evalúa acciones legales. “El presidente está decidido a militarizar las ciudades sin tener autoridad ni hechos que lo respalden”, afirmó. La Casa Blanca respondió que Trump actúa “dentro de su autoridad legal” para proteger instalaciones federales y acusó a los gobernadores de “alinearse con los criminales violentos”.
En tanto, la ofensiva federal ha encendido protestas en Portland, ciudad que el propio Trump describió como “devastada por la guerra”. Manifestantes y testigos han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de agentes migratorios, mientras los gobiernos locales insisten en que las protestas son mayormente pacíficas.
Los gobernadores afectados ven en esta estrategia una maniobra política para fortalecer la narrativa de “ley y orden” de Trump de cara al escenario electoral. Noem, por su parte, insistió en que las operaciones federales “devuelven la libertad” a los ciudadanos, mientras crecen los llamados desde distintos sectores a revisar los límites constitucionales del poder presidencial sobre las fuerzas estatales.