Una jueza federal en California ordenó ayer a la administración del mandatario estadounidense Donald Trump suspender los despidos masivos de empleados públicos durante el cierre parcial del gobierno, tras considerar que la medida podría ser ilegal.
La jueza de distrito Susan Illston, con sede en San Francisco, concedió la solicitud de dos sindicatos que denunciaron despidos en más de 30 agencias federales, luego de que la Casa Blanca anunciara recortes de personal bajo el argumento de la falta de fondos. Su decisión ocurre cuando el cierre gubernamental cumple 15 días y más de 10 mil trabajadores federales enfrentan la pérdida de sus empleos.
Illston citó declaraciones del propio magnate y del director de Presupuesto, Russell Vought, quienes admitieron que los recortes estaban dirigidos a “agencias demócratas”. “Eso no se puede hacer en un país de leyes”, señaló la jueza, quien añadió que las medidas carecen de fundamento legal y “tienen un coste humano insoportable”.
Redada migratoria en Nueva Orleans pone en riesgo a comunidad latina
- El Tip: Democracy Forward dijo que la decisión evidencia la estrategia de Trump para atacar a trabajadores federales, lo cual es ilegal y cruel y “una amenaza para la nación”.
Según documentos judiciales, al rededor de cuatro mil 100 empleados de ocho dependencias ya habían recibido notificaciones de despido. La administración priorizó el pago a las fuerzas armadas y la continuidad de su política migratoria, mientras redujo personal en salud y educación, incluidos en programas de educación especial y actividades extraescolares.
- 10 mil trabajadores federales perderían sus trabajos por el cierre
Por su parte, los sindicatos sostienen que implementar despidos durante la falta de financiamiento es ilegal, ya que los mayorías de los trabajadores están suspendidos sin goce de sueldo y no se trata de servicios esenciales. La fiscal Elizabeth Hedges, del Departamento de Justicia, argumentó que las demandas debían presentarse ante una junta laboral antes de llegar a los tribunales, pero Illston consideró que las acciones del Ejecutivo eran “arbitrarias y caprichosas”.
