La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó ante un subcomité de la Cámara de Representantes que los cárteles mexicanos son responsables de generar “caos” y de perjudicar directamente los intereses de su país.
Durante su participación, Noem señaló al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como organizaciones que —dijo— operan con fuerza en la frontera y representan una amenaza constante para la seguridad estadounidense.
La comparecencia estuvo marcada por tensiones políticas. Legisladores demócratas cuestionaron su desempeño, acusándola de agravar el panorama de seguridad con la política de deportaciones impulsada por el gobierno de Donald Trump. Incluso, algunos pidieron su renuncia, al asegurar que bajo su mando el país se ha vuelto “menos seguro”.
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Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un congresista criticó duramente su gestión, afirmando que si el presidente no la destituye, ella debería considerar dejar el cargo. Noem respondió con ironía, asegurando que esas críticas solo demuestran que está “haciendo bien su trabajo”.
La sesión terminó abruptamente cuando la funcionaria abandonó la sala antes de concluir la audiencia, seguida por un grupo de manifestantes que expresaban su desacuerdo con sus políticas.
Durante su intervención, Noem reiteró que el Cártel de Sinaloa y el CJNG están detrás de actividades criminales que afectan directamente a comunidades estadounidenses.
Funcionarios federales han señalado previamente que ambos cárteles tienen amplia presencia en el tráfico de fentanilo, metanfetaminas y armas, elementos que suelen aparecer en reportes de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional como parte de las principales amenazas transnacionales.
La secretaria defendió su estrategia y la presentó como un componente esencial de la política de seguridad nacional. Subrayó que las deportaciones forman parte de un enfoque más amplio destinado a frenar el crimen organizado y reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
No obstante, organizaciones civiles y legisladores opositores han señalado que las medidas no han disminuido la violencia ni los riesgos asociados a los cárteles, mientras que sí han incrementado quejas por abusos.
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MSL
