Personas privadas de la libertad se amotinaron este sábado en tres penales de Guatemala y tomaron como rehenes a 46 personas, en un intento de recuperar “privilegios” al interior de los centros penitenciarios, mientras el Ministerio de Gobernación asegura que no cederá a “chantajes” de grupos criminales y advirtió el uso de la fuerza para retomar el control.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, atribuyó los disturbios en las cárceles de Fraijanes II, Renovación I y en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, a la pandilla Barrio 18.
Según el ministro guatemalteco, el líder de la pandilla, Aldo Dupié Ochoa, alias “El Lobo”, busca un traslado a otra instalación para obtener un trato especial, como aire acondicionado, una cama king size y comida distinta a la del resto de los reclusos.
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Por separado, el director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Guillermo López Dellachiessa, detalló que entre los rehenes hay 45 agentes penitenciarios y un psicólogo. La mayoría son retenidos en Fraijanes II, al sur del país centroamericano. Hasta la tarde de este sábado, no se habían reportado muertes ni heridos entre los cautivos.
“Esta administración no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a estos chantajes y no voy a regresarles los privilegios con el objeto que depongan sus acciones. Si es necesario utilizar la fuerza del Estado para retomar el control de estos centros preventivos y de cumplimiento de condena, lo vamos a hacer”, aseveró el ministro Villeda Sandoval ante las revueltas.
Previamente, el Ministerio de Gobernación subrayó en un comunicado que los motines fueron una “reacción directa” a la decisión de “retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus privilegios y exigencias”.
Por separado, el Sistema Penitenciario detalló algunas de las medidas que derivaron en los disturbios, entre ellas el aseguramiento de armas, teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación, así como la incautación de drogas. Destacó, además, la demolición de “construcciones no autorizadas” en la cárcel Renovación 1, ubicada en el departamento de Escuintla, bajo la llamada Operación Centinela, “que servían de fachada para buzones de almacenamiento de ilícitos” de las pandillas.
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cehr
