Un gran jurado federal de Phoenix presentó una acusación de 158 cargos contra 21 personas por una presunta red que compró armamento en Arizona mediante prestanombres y destinó parte del arsenal a México. La Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional condujo la pesquisa durante dos años. Autoridades detuvieron a todos los señalados, informó la Fiscalía federal.
La acusación, presentada el 21 de julio de este año, identifica como parte de los responsables a Fernando Daniel Castro, Marque J’von Rogers y Taquan Antonio M. Carter. El documento atribuye al primero el reclutamiento de terceros para adquirir piezas en establecimientos autorizados a cambio de dinero.
Cruz Rafael Castro, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres Pérez también aparecen en el expediente, junto con otros 15 implicados. Los fiscales les atribuyen conspiración para comprar armas con fines de reventa sin licencia, declaraciones falsas durante operaciones comerciales y tráfico ilegal.
¿Elize Araújo Giacomini es el nombre de soltera de Elize Matsunaga? VIDEOS
Según el escrito judicial, Fernando Daniel recibió el armamento y después lo vendió con ganancias. La autoridad sostiene que colocó pistolas Glock 19 y rifles tipo AK, aunque sabía o tenía motivos para creer que saldrían de Estados Unidos.
En conferencia de prensa, el fiscal federal Timothy Courchaine destacó el alcance del operativo.
“Detuvimos a los 21 acusados”, afirmó. Además, explicó que el caso reunió cuatro investigaciones previas, compradores simulados en Phoenix, enlaces de contrabando hacia la frontera, intercepciones y contactos ubicados en territorio mexicano.
Durante las pesquisas, los agentes aseguraron más de 100 piezas y 125 mil cartuchos en Arizona. Albert J. Gibes, responsable de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Phoenix, participó en la presentación del caso.
Gibes rechazó comparaciones con el operativo Rápido y Furioso. “Las armas de fuego no se perdieron durante el proceso y quiero ser claro al respecto”, declaró. “Ningún proceso penal estará por encima de la seguridad pública”.
Otro antecedente surgió el 17 de febrero de 2025, cuando autoridades sorprendieron al mexicano Emmanual Rabena-Velderrain mientras intentaba cruzar con 42 rifles tipo AK e igual número de cargadores calibre 7.62 por 39. El acusado admitió su responsabilidad el 31 de marzo de 2026 por tentativa de contrabando y conocerá sentencia el 17 de agosto ante el juez Scott H. Rash, en Tucson.
Por separado, Amairany Guadalupe Armendáriz Álvarez recibió una condena de 24 meses de prisión por posesión de arma de fuego como extranjera. La ciudadana mexicana reconoció que viajó a Phoenix para recoger tres fusiles M249 y una pistola Colt. También sabía del posterior traslado clandestino del cargamento hacia territorio nacional, según su declaración de culpabilidad.
También Alejandro Rodríguez y Maricruz Carrillo aceptaron responsabilidad por posesión de armas y municiones después de una condena previa. En su domicilio de Phoenix tenían un fusil M249, un Barrett calibre .50 BMG, un FN SCAR, 12 rifles tipo AK, seis pistolas y 57 mil cartuchos. Ambos conocerán la pena el 19 de octubre de 2026 ante el juez Sharad H. Desai.
A su vez, José Daniel Medina y Juan Jesús Estévez, ambos mexicanos, reconocieron una conspiración para obtener armas y municiones en Arizona con destino a compradores en México. Las autoridades incautaron 10 pistolas y 56 mil cartuchos dentro de esa investigación. Los dos recibirán sentencia el 11 de septiembre ante la jueza Krissa M. Lanham. Christian Alberto Pereida Ramírez acudirá el 12 de agosto a una audiencia para cambiar su declaración.
Frente a preguntas de la prensa, Gibes explicó que el entramado repartió adquisiciones entre distintos comercios del condado de Maricopa y otras zonas. “Esta red intentó ser sofisticada y dividir sus compras”, sostuvo.
Asimismo, añadió que la inteligencia balística permite rastrear al adquirente original cuando una pieza aparece en una escena del crimen. “No señalamos el nombre de esa organización criminal específica, pero opera en México”, puntualizó.
Respecto de los establecimientos con licencia, Courchaine los describió como una fuente relevante de alertas. “Cuando alguien llega con bolsas llenas de efectivo para comprar cinco armas de alimentación por cinta, avisan a la ATF”, expuso. El fiscal precisó que ningún acusado llegó por extradición, aunque algunos se encontraban en México antes de quedar bajo custodia estadounidense.
Bajo las leyes federales, los delitos más graves contemplan penas máximas de 15 años de prisión. El contrabando puede alcanzar una década, mientras las conductas restantes ameritan hasta un lustro. Todas incluyen multas de 250 mil dólares.
También te puede interesar:
- EU pide frenar flujo de armas al CDS
- México y EU van contra tráfico de armas, huachicol…
- Llama Claudia a que EU impida tráfico de armas a México
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
¿Qué pasó con Helena, la hija de Elize Matsunaga, dónde está hoy? | FOTOS
