El mexicano Javier Aguilar, exoperador del mercado petrolero, recibió una condena de cuatro años de prisión en Estados Unidos por participar en dos esquemas de sobornos a funcionarios de México y Ecuador para obtener contratos en favor de Vitol, una de las mayores comercializadoras de energía del mundo. La sentencia también le impuso el decomiso de 7.13 millones de dólares y una multa de 100 mil dólares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Aguilar, de 52 años y residente de Houston, Texas, entregó más de un millón de dólares a servidores públicos de Petroecuador y de Pemex Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos, durante operaciones desarrolladas entre 2015 y 2020.
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, el exoperador trabajó en ese periodo para Vitol Inc., filial estadounidense de esta comercializadora internacional. Los fiscales acreditaron que participó con otros implicados en el pago de sobornos a altos funcionarios ecuatorianos para conseguir un contrato de 300 millones de dólares destinado a la compra de combustóleo.
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Para concretar esa operación, Aguilar y sus colaboradores recurrieron a otra empresa estatal de Medio Oriente con el propósito de eludir las restricciones que Petroecuador imponía a los contratos con compañías privadas. A cambio de los pagos prometidos, funcionarios de Ecuador facilitaron la adjudicación a esa entidad y a Vitol, según el expediente judicial.
La red utilizó contratos falsos, facturas simuladas y empresas constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán para ocultar el movimiento del dinero. Aguilar también recurrió a cuentas de correo electrónico bajo alias para comunicarse con otros participantes del esquema.
En México, el mismo mecanismo sirvió para transferir alrededor de 600 mil dólares a dos funcionarios de PPI. El Departamento de Justicia señaló que esos recursos buscaban asegurar contratos para que Vitol suministrara a Pemex cientos de millones de dólares en gas etano.
Un jurado declaró culpable a Aguilar de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y de infringir esa legislación en el esquema relacionado con Ecuador. También lo responsabilizó por conspiración para lavar dinero vinculada con las operaciones tanto ecuatorianas como mexicanas.
Aguilar, además, se declaró culpable por separado de conspirar para violar la legislación estadounidense contra prácticas corruptas en el extranjero y la Ley de Viajes en el caso correspondiente a México.
Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, afirmó que la condena muestra que quienes encabecen o faciliten redes internacionales de corrupción y lavado enfrentarán procesos penales.
“Esta sentencia deja claro que los actores corruptos, como Javier Aguilar, que facilitaron y encabezaron dos grandes esquemas internacionales de soborno y lavado de dinero, serán llevados ante la justicia y castigados en consecuencia”, declaró.
Joseph Nocella Jr., fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, sostuvo que el caso busca disuadir conductas similares dentro de los mercados de materias primas. “Esta sentencia envía un poderoso mensaje de disuasión a quienes puedan sentirse tentados a participar en esquemas similares de soborno”, señaló.
Por su parte, Heith Janke, director adjunto de la División Criminal del Buró Federal de Investigaciones, indicó que Aguilar utilizó instituciones financieras estadounidenses como parte de las operaciones. “Aguilar sobornó, falsificó, manipuló el sistema y participó en varias prácticas financieras corruptas, todo mientras utilizaba instituciones financieras de Estados Unidos para llevar a cabo sus actos criminales”, sostuvo.
Siete participantes adicionales, entre ellos tres funcionarios públicos extranjeros, se declararon culpables por su intervención en los dos esquemas. En conjunto, aceptaron entregar más de 63 millones de dólares provenientes de esas operaciones.
Vitol reconoció en diciembre de 2020 que pagó sobornos a funcionarios de Ecuador, México y Brasil, conducta que violó la legislación estadounidense contra la corrupción de servidores públicos extranjeros. Como parte de un acuerdo con autoridades de Estados Unidos y Brasil, la compañía aceptó cubrir 135 millones de dólares en sanciones.
El Escuadrón de Corrupción Internacional del Buró Federal de Investigaciones en Miami llevó a cabo la investigación. Fiscales de la División Criminal del Departamento de Justicia y del Distrito Este de Nueva York encabezaron el proceso judicial, con apoyo de autoridades federales de Texas y de la Oficina de Asuntos Internacionales.
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