El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan una nueva acusación penal en Estados Unidos por presuntamente conspirar para cometer tortura contra opositores y ciudadanos estadounidenses.
El nuevo señalamiento se suma a los cargos por narcotráfico que ambos ya enfrentaban ante la justicia estadounidense.
La acusación fue presentada mediante una querella sustitutiva ante un tribunal federal de Manhattan. De acuerdo con los fiscales, los presuntos abusos habrían sido utilizados para reprimir a personas consideradas adversarias y mantener el control político en Venezuela.
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Entre los casos descritos por la Fiscalía se encuentran los de un oficial militar venezolano detenido en 2013 y un ciudadano estadounidense arrestado en territorio venezolano en 2022. Ambos habrían sido sometidos a agresiones físicas y descargas eléctricas, según los documentos judiciales citados por los fiscales.
Uno de los episodios señalados por los fiscales ocurrió en 2013, cuando Maduro presuntamente ordenó detener a un oficial militar venezolano al que sospechaba de preparar un golpe de Estado.
Según la acusación, integrantes de la dirección de contrainteligencia militar interrogaron al uniformado mediante métodos violentos. Entre los abusos descritos se encuentran descargas eléctricas aplicadas con un cable con corriente en aproximadamente 20 ocasiones, además de mantenerlo colgado de las manos y los pies durante varios minutos consecutivos.
Otro caso corresponde a un ciudadano estadounidense detenido al ingresar a Venezuela en 2022. Las autoridades estadounidenses sostienen que fue acusado de conspirar para asesinar a Maduro y posteriormente sufrió torturas durante su detención.
De acuerdo con la imputación, agentes de contrainteligencia militar lo golpearon y le aplicaron descargas eléctricas en brazos, piernas y genitales. Estos episodios forman parte de los señalamientos que los fiscales deberán sustentar durante el proceso judicial.
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, afirmó que el Departamento de Justicia ha trabajado para esclarecer el alcance de los presuntos delitos atribuidos a la pareja desde su captura.
La nueva acusación contempla una posible pena mínima obligatoria de 50 años de prisión si son declarados culpables, según la información proporcionada sobre el caso. Su juicio está previsto para el 1 de junio de 2027.
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