En medio de crecientes tensiones en la relación entre México y Estados Unidos, Washington expuso un nuevo caso de corrupción en nuestro país, esta vez, apuntando a empresarios nacionales que, según la acusación, habrían participado en un fuerte esquema de sobornos a la empresa nacional Pemex.
De acuerdo con una acusación que se presentó en la Corte del Distrito Sur de Texas bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) los empresarios mexicanos Mario Alberto Ávila y Ramón Alexandro Rovirosa, residentes en Houston, habrían pagado sobornos de hasta 150 mil dólares a tres altos mandos de Pemex entre 2019 y 2021, con el objetivo de retener contratos.
Ahora, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) inició una indagatoria por el caso de los dos empresarios, quienes podrían enfrentar penas de hasta cinco años y fuertes multas.
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Pero ¿quiénes son los mexicanos acusados en EU por soborno y corrupción y qué antecedentes se conocen de su participación en casos similares? Esto es lo que se sabe.
Mario Alberto Ávila y Alexandro Rovirosa, mexicanos acusados de sobornar a Pemex
Mario Alberto Ávila y Alexandro Rovirosa, empresarios mexicanos, son investigados por la autoridad de EU debido a que viven en ese país y, además, se presume que el esquema de sobornos ha alcanzado propiedades con residencia en su territorio. Incluso, las acusaciones se han extendido para alcanzar presuntos nexos con el crimen organizado.
Mario Alberto Ávila Lizárraga
Mario Alberto Ávila Lizárraga es un empresario mexicano con una trayectoria política y laboral vinculada al sector público y al sector energético, específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Es residente legal permanente en Spring, Texas, Estados Unidos. Cuenta con estudios en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Campeche y una maestría en gobernabilidad y desarrollo humano por la Universidad Oberta en Cataluña, España.
Ávila fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Campeche durante el gobierno de Felipe Calderón y cercano al exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
En 2009 compitió por la gubernatura de Campeche como candidato del Partido Acción Nacional (PAN).
Trabajó como subdirector de Mantenimiento y Logística en Pemex Exploración y Producción (PEP) entre 2010 y 2012, donde, según el medio Infobae, su administración fue cuestionada por irregularidades.
Asimismo, fue sancionado por la Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación de 10 años debido a irregularidades en contratos con la empresa Oceanografía, a través de las cuales facilitó beneficios a terceros. La inhabilitación concluyó este año, días antes de revelarse el esquema de corrupción en EU.
Actualmente, Mario Alberto Ávila Lizárraga está prófugo de la justicia derivado de la investigación del FBI por corrupción y sobornos a Pemex.
Ramón Alexandro Rovirosa
Ramón Alexandro Rovirosa Martínez es un abogado mexicano originario de Tabasco, con residencia legal permanente en Estados Unidos, específicamente en The Woodlands, Texas.
Rovirosa estudió Derecho en la Universidad Olmeca, en Tabasco, y tiene una maestría en administración de empresas por la Universidad de Phoenix, en Estados Unidos.
Es fundador y director general de Roma Energy Holdings, LLC, una empresa de exploración y producción de hidrocarburos constituida en Texas. Anteriormente, fundó varias empresas mexicanas relacionadas con el sector energético y la construcción, como Rovirosa & Asociados S.C., Cimentaciones Estructuras y Líneas SA de CV, Energy Onshore Services SA de CV, Techno Marine de México SA de CV, y Tubular Technology SA de CV, muchas de ellas radicadas en Tabasco.
En México, también se le ha identificado como operador legal de Omar Vargas, empresario tabasqueño investigado por defraudación a Pemex mediante una red de empresas fantasma.
A diferencia de Ávila, quien se encuentra prófugo, Rovirosa sí fue detenido por autoridades estadounidenses por el caso de sobornos a Pemex, pero el 11 de agosto de 2025 se declaró no culpable y obtuvo libertad bajo fianza de un millón de dólares.
Sin embargo, documentos judiciales también señalan que Rovirosa podría tener vínculos con miembros de cárteles mexicanos, particularmente con el grupo criminal “La Barredora”, con sede en Tabasco, hecho que añade otra capa de complejidad al caso.
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