La reforma a la Ley de Amparo podría aumentar el riesgo regulatorio de las empresas en México, aseguró la calificadora internacional Fitch Ratings.
Explicó que esta situación se daría ya que limitará la capacidad de los tribunales para suspender actos administrativos y restringir los recursos de elegibilidad.
“La propuesta afectaría a una amplia gama de actividades económicas y reduciría la previsibilidad de las empresas que dependen de permisos, autorizaciones y concesiones, con posibles implicaciones crediticias negativas que se evaluarán caso por caso”, estimó la agencia.
Diputados aprueban reforma a Ley de Amparo en lo general
Para Fitch, las industrias de energía, transporte, telecomunicaciones, minería e infraestructura social son los más expuestos a dichos riesgos.
La reforma fue presentada el 15 de septiembre, la propuesta de la Presidenta Sheinbaum, fue aprobada por el Senado y en revisión final en la Cámara de Diputados.
Esta prohibiría las suspensiones cuando las autoridades revoquen permisos, concesiones o autorizaciones, limitaría los efectos de la medida cautelar al solicitante y restringiría la capacidad de terceros para alegar un interés legítimo.
De acuerdo con Fitch, las empresas han recurrido ampliamente a los amparos para pausar acciones percibidas como violatorias de derechos.
“Limitar las medidas suspensivas reduce los recursos prácticos contra cambios abruptos en las políticas o la administración y podría afectar la competitividad”, destacó.
Fitch consideró además que la aprobación de la ley dejaría a los emisores cuyos modelos de negocio dependen de permisos y autorizaciones gubernamentales más vulnerables a fricciones con las autoridades y con menos protecciones fiables contra decisiones unilaterales.
“Una mayor exposición a medidas administrativas adversas podría interrumpir las operaciones, retrasar proyectos en curso, reducir los ingresos y presionar la rentabilidad”, lamentó.
Añadió que, con el tiempo, podría frenar la inversión, restringir el acceso al mercado y ampliar los diferenciales para los más expuestos a medidas discrecionales.
Señaló además que la ley no se aplicaría retroactivamente, lo que reduciría algunos efectos inmediatos.
“Las implicaciones de calificación dependerá de la exposición específica de la entidad y se evaluarán caso por caso si se requiere un amparo”, señaló.
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MSL
