La Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma al Código Fiscal de la Federación que permitiría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) consultar información de usuarios de plataformas digitales.
Esto incluye apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Spotify, así como aplicaciones de citas como Tinder y Bumble.
El artículo 30-B recién añadido obliga a estas empresas a permitir que el SAT acceda a datos sobre transacciones, historial de facturación, comprobantes de pago y suscripciones. En caso de incumplimiento, las plataformas podrían ser bloqueadas temporalmente dentro de México.

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El objetivo oficial de la medida es garantizar que las empresas digitales cumplan con sus obligaciones fiscales y evitar la evasión de impuestos.
El gobierno asegura que esta iniciativa busca modernizar la fiscalización de la economía digital. El acceso en tiempo real permitiría al SAT detectar irregularidades de manera inmediata y asegurar que todas las plataformas digitales operen bajo la ley mexicana.
Preocupaciones sobre privacidad y derechos digitales
A pesar de los argumentos oficiales, la reforma ha generado inquietudes entre expertos y organizaciones civiles:
- Privacidad en riesgo: la redacción actual no delimita claramente qué información podrá consultar el SAT, dejando abierta la posibilidad de que se incluyan datos sensibles, como ubicación, preferencias y hábitos de consumo.
- Libertad de expresión: el bloqueo temporal de plataformas podría convertirse en un mecanismo de censura indirecta.
- Falta de controles claros: no se detallan mecanismos de supervisión para asegurar que la información solo se use con fines fiscales.
La reforma aún debe ser aprobada por el Senado y promulgada por el presidente. Si se concreta, se espera que entre en vigor el 1 de abril de 2026.
Mientras tanto, el debate sobre equilibrio entre fiscalización y privacidad continúa, despertando el interés de usuarios, especialistas legales y defensores de los derechos digitales.
La propuesta plantea un dilema crucial: cómo garantizar el cumplimiento fiscal de las plataformas digitales sin comprometer la privacidad y las libertades individuales. México se encuentra ante una decisión que podría redefinir la relación entre los servicios digitales y la autoridad fiscal.
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MSL

