Primero se lanzó contra Columbia; pronto le siguieron decenas de universidades, tanto privadas como públicas, y ahora nos encontramos ante lo que parece ser el embate más fuerte contra el sistema universitario estadounidense en la historia de ese país.
Desde sus primeros días de regreso en la Casa Blanca, el presidente Trump ha cortado —o amenazado con cortar— miles de millones de dólares en contratos, becas e inversiones gubernamentales a una serie de universidades, exigiendo cambios profundos que auguran una transformación drástica del sistema de educación superior y anticipan su posible quiebre.
Las demandas iniciales contra Columbia —institución que falló en detener la ola de antisemitismo y vandalismo tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre— tenían cierta lógica. Históricamente, el gobierno federal ha utilizado la amenaza de retirar fondos a instituciones educativas como herramienta de negociación para forzarlas a cumplir con las enmiendas que protegen los derechos civiles de los estudiantes: obligarlas, por ejemplo, a admitir estudiantes negros, proveer facilidades para estudiantes transgénero o, en este caso, combatir el antisemitismo en el campus.
Magnicharters, de pena
Sin embargo, esto fue sólo el comienzo. Ahora el gobierno exige a las universidades cambiar currículos, procesos de admisión y prácticas de inclusión. Una táctica concebida originalmente para combatir violaciones a derechos civiles se ha convertido en un instrumento para atentar contra uno de los pilares esenciales del sistema universitario: la libertad de expresión. Esto no significa que no existan problemas de antisemitismo y discriminación en el sistema, ni que ciertos departamentos —como algunos de estudios del Medio Oriente— no tengan sesgos preocupantes, incluyendo posturas y temarios que apoyan a la organización terrorista Hamas. No obstante, existen otros instrumentos legales que el presidente pudo haber utilizado. El embate actual parece tener pocas bases legales y ser más bien un chantaje y un juego de fuerzas en donde Trump le pide a la universidades cambiar sus ideas y procesos y, de no hacerlo, las amenaza con sufrir terribles consecuencias.
Esta estrategia recuerda lo sucedido esta semana con el tema de los aranceles: una táctica de presión para obligar a otros actores —en ese caso, países— a doblegarse ante el presidente. Al igual que en ese contexto, la ofensiva de Trump contra las universidades podría tener consecuencias devastadoras, poniendo en riesgo la capacidad de Estados Unidos para competir con otras potencias militares e industriales.
La estrecha relación financiera entre el Estado y las universidades ha sido una de las claves del liderazgo estadounidense en campos tan diversos como el militar, científico, aeronáutico y farmacéutico. Gracias a inversiones del Estado que representan entre el 15 % y el 40 % del presupuesto de muchas de las mejores universidades del país, el sistema universitario ha otorgado a Estados Unidos su estatus hegemónico. Sin ese financiamiento, sus competidores podrían pronto superarlo.
Los directores de las universidades enfrentan ahora una decisión imposible: arriesgar a sus instituciones —miles de empleos, proyectos de investigación y departamentos enteros están en juego— o aceptar una clara violación a la libertad académica. Ambas opciones ponen en peligro el que sigue siendo el mejor sistema universitario del mundo, así como la base del poder de Washington y de Occidente.
