El sistema bancario que hoy representa Emilio Romano, así como la Secretaría de Hacienda que lleva Edgar Amador, siguen reglas, procedimientos y tecnología para minimizar el riesgo de que la banca y/o sus clientes sean el vehículo para el lavado de dinero para financiamiento al terrorismo, luego de que Donald Trump declarara en febrero pasado a 6 cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO’s) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT’s), y así evitar las duras sanciones económicas y penales que implica esa Orden Ejecutiva.
Ante ello la Asociación de Bancos de México (ABM) contrató al despacho White&Case, que realizó una serie de recomendaciones que ya están en marcha y que van de la mano con los procedimientos contemplados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)…, pero también actualizar y robustecer los sistemas de prevención de lavado de dinero (PLD) y de los protocolos seguimiento y prevención al financiamiento al terrorismo apoyados en sistemas electrónicos (FCT) como es la debida diligencia con los clientes y empleados bancarios, mediante controles más estrictos en zonas geográficas de alto riesgo.
Si nos atenemos a la definición más amplia que indicó el jefe del Comando Norte, Glen VanHerck, sobre el alcance territorial de los grupos narcoterroristas, entonces el reforzamiento estricto contra el lavado de dinero se aplicaría en hasta 35% de la superficie de México.
Mal momento para bloquear
En ese sentido, el sistema bancario mexicano trabajó en tomar como marco guía lo establecido por la Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), el área del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, que sancionó a principios de este mes a cuatro personas y dos empresas —todos adscritos al Cártel Jalisco Nueva Generación— por traficar “huachicol fiscal” y fentanilo.
En ese marco de referencia OFAC planteado en la ABM se incluye registro puntual de las acciones de prevención de lavado de dinero, (PLD-CFT), el cumplimiento estricto de las restricciones establecidas por la OFAC para realizar transacciones con empresas y personas reportadas en la “Lista Negra”, amén de aplicar procedimientos más rigurosos para identificación de los clientes conforme a su expediente (KYC) para atajar los llamados deepkafes y los “ataques de inyección en capas” en los sistemas digitales y aplicaciones informáticas.
Los bancos también se aplican un check-up para identificar sus niveles de cumplimiento y las reglas internacionales antilavado, seguir implementado estrategias de dicho cumplimiento bajo la supervisión de la alta dirección, mayor capacitación a empleados en zonas de riesgo. Y, por supuesto, están en colaboración estrecha con las autoridades locales y estadounidenses a fin de gestionar los riesgos que significa la intrusión de los grupos narcoterroristas.
Tome nota
Aplican OFAC a Marina-Torres. Para la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, en lo que se esclarecen los motivos por los que se le retiró su visa para ingreso a Estados Unidos, se le ha ido la oportunidad de ingresar al gabinete del Gobierno federal… donde, llegó a contar a sus allegados, quería “hacer carrera como secretaria de Estado” para aspirar a ser candidata presidencial en 2030.
Y es que no fue un asunto consular, fue desde Washington donde se giró la orden de retirar la visa de turista a Carlos Torres Torres esposo de la gobernadora Marina Ávila y director de Proyectos Estratégicos del Estado, cuando intentaba cruzar al “otro lado” por la garita de Tijuana, refiere el muy reconocido Semanario Zeta; y agrega que a la gobernadora, para evitarle el mal rato en la garita, se le envió el aviso Consular de la revocación de su visa.
Detrás de ese evento es posible detectar la aplicación hace unas semanas de los criterios OFAC (Treasury’s Office of Foreign Assets Control) contra el uso de recurso de origen ilícito para financiar el terrorismo, por lo que a la pareja ya no le fueron recibidos sus depósitos en Bank of America y Wells Fargo.
Ello estaría indicando que el Homeland Securty profundizó en las diversas versiones que corren torno a la pareja, incluido el hermano Luis Torres y su influencia en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (en especial el agua) y sobre el alcalde Ismael Burgueño, el presunto uso indebido de recursos propiedad de la comunidad china en la entidad, negocios en bares, tráfico ilegal de combustibles y otras mercancías, así como el desorden en las aduanas del lado mexicano. El impacto es severo en Baja… pero también en Morena como entidad de Gobierno federal.
Traza CRT camino de unidad tequilera. Sin mayor tardanza, el nuevo presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, trazó su ruta de trabajo que se resume en fortalecer el andamiaje de unidad con todos los sectores de la agroindustria tequilera y en beneficio de la Cadena Productiva Agave Tequila a fin de salvaguardar la Denominación de Origen de la bebida nacional con la observación estricta de la Norma Oficial.
Como acciones estratégicas, destaca el reconocimiento a los agaveros tradicionales con la certificación ARS (Agave Responsable Social), el Visor Geoespacial del Inventario de Plantaciones de Agave, la reconversión de cultivos con apoyo de los gobiernos federal y estatal, la puesta en marcha de la campaña fitosanitaria para el agave y uso de otras variedades a través de la investigación, promoción y vigilancia.
Y por supuesto, la gestión para disminuir tarifas arancelarias en nuevos mercados para el tequila.
Ya es martes, se vale un par de caballitos.
