Al final no se registraron grandes sorpresas. La jornada del pasado domingo confirmó en gran medida lo que se esperaba: baja participación, movilización electoral de partidos y gobiernos y una organización adecuada por parte de las autoridades electorales federal y locales. A reserva de contar con resultados definitivos, adelanto tres apuntes.
La ausencia de campañas derivadas de la legislación y de las decisiones del INE terminaron por hacer del acarreo y la compra y coacción del voto los principales factores que determinaron el triunfo. A falta de campañas, prevalecieron los acordeones. El que tengo en mis manos logró adelantar el ganador en el 100 por ciento de los 19 números “sugeridos” con los cómputos hasta ahora. La autoridad electoral pudo haber inyectado mayor credibilidad al proceso —aunque fuese de forma parcial— si hubiera otorgado espacios en los medios electrónicos a las candidaturas, y si hubiera realizado debates que permitieran a quienes participaron contar con elementos para ejercer un voto informado y razonado. Esto era posible, al menos, para cargos nacionales, particularmente la SCJN.
El resultado confirma el peso del Ejecutivo en la movilización a favor de candidaturas propuestas por este poder. El esquema de movilización fue dual: cuando miembros cercanos al Gobierno ya ocupaban plazas en el Judicial, la movilización se orientó hacia estas candidaturas (p.e. 3 en la Corte, 3 en el Tribunal de Disciplina); para completar los cargos restantes, se optó casi exclusivamente por candidaturas provenientes de las listas del Ejecutivo.
Nuevo Consejo Presidencial
A nivel federal, las propuestas del Ejecutivo encabezan las preferencias en todos los cargos —en ciertos casos con candidaturas conjuntas con el Legislativo. En la Ciudad de México, en todos y cada uno de los cargos a elegir (según el último corte de los cómputos) las candidaturas postuladas por el Ejecutivo lideraban las votaciones. Lo mismo ocurre en el Estado de México.
Las deshonrosas excepciones son casos como en los de Durango y Baja California, donde los comités de los tres poderes decidieron postular a las mismas personas en un número importante de candidaturas. Así, el Legislativo y el Judicial podrán presumir de un gran triunfo. Con ello, se invitaba a la ciudadanía a votar, pero no a elegir, pues el resultado estaba determinado desde el inicio.
La participación fue escasa: casi 9 de cada 10 personas decidieron no votar. Desde luego hay distintas formas de interpretar este hecho. Que la ciudadanía le dio la espalda a la reforma y se abstuvo para así manifestarlo; que el número reducido de información y de casillas fueron determinantes; o que, a diferencia de las elecciones de los otros poderes, las del judicial son excepcionales. Lo cierto es que existe un abismo entre el argumento que presenta la reforma judicial como un mandato directo de la ciudadanía, y la baja participación registrada en estas elecciones, lo que cuestiona esa supuesta profunda convicción de elegir a los cargos judiciales.
