Conforme se confirman los resultados de la elección judicial celebrada el 1.º de junio, se evidencian los argumentos que reafirman las razones sobre lo absurda e innecesaria que fue.
El Instituto Nacional Electoral hizo la elección posible, que a todas luces no era la idónea, no sólo por la falta de tiempo y de recursos, sino también por lo absurdo de forzar a que los distritos judiciales empataran con los electorales y, así, se pudiera hacer factible el ejercicio.
Para cualquier espectador, los resultados son, de por sí, bastante elocuentes. Que prácticamente 9 de cada 10 ciudadanos inscritos en el padrón electoral le haya dado la espalda a la elección, es muestra inequívoca del desinterés ciudadano en este ejercicio de cesarismo plebiscitario promovido por el régimen. Si a la pírrica participación se le descuenta el elevadísimo porcentaje de votos nulos —haya sido en abierto desprecio y rechazo al ejercicio o por lo complicada que fue la votación— y los votos en blanco, la ilegitimidad política se incrementa.
Parece que Yunes y Cortés ya se traían ganas
Asimismo, sabemos que en decenas de miles de casillas el voto nulo fue superior a cualquiera de las candidaturas postuladas, y que los candidatos que propuso el Poder Ejecutivo consiguieron la mayor parte del botín, quedando en segundo lugar los propuestos por el Poder Legislativo, mientras que los del Poder Judicial y quienes estaban en funciones —buscando mantener su cargo— quedaron muy por debajo… exceptuando, por supuesto, a las conocidas como “ministras del bienestar”. Haga el lector las cuentas.
Más allá del extraordinario trabajo que, en general, se desarrolló en los consejos distritales y locales del INE para el cómputo, resulta contundente que los llamados “acordeones” que profusamente circularon a lo largo y ancho del país fueron determinantes para definir el resultado de la votación. Esto es, desde luego, lo más grave. Dado que las candidaturas se han deslindado de su uso, resulta evidente que alguien más se encargó de ello, con premeditación, alevosía y la intención de determinar el voto.
También es evidente que los acordeones determinaron la inmensa mayoría de los resultados de la elección. Esto es totalmente inaceptable en cualquier elección con mínimas condiciones de integridad. Además, los resultados en 818 casillas no tienen explicación lógica o, mejor dicho, se explican por la actualización de las más viles trampas de la picaresca electoral fraudulenta mexicana y que con tantos candados y controles se buscaba erradicar.
La discusión que se dio en el Consejo General del INE a propósito de la calificación de la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —y las restantes elecciones judiciales federales que se suceden a lo largo de la semana— evidenció los múltiples vicios e irregularidades en el proceso, lo que generó la propuesta de no avalar la validez de la elección —lo cual es distinto a la nulidad que, en su caso, le correspondería declarar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o, en su caso, a la Suprema Corte—. Sin embargo, la validez de la elección fue ratificada por la mínima diferencia de 6 votos a 5.
Cada consejero y cada consejera serán responsables de su voto ante la nación y la historia, en este nuevo hito en el ominoso camino hacia la destrucción de la democracia constitucional mexicana.
