El pasado 17 y 18 de junio el Estado mexicano fue evaluado ante expertas y expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. A pesar del discurso oficialista sobre los múltiples avances en cuanto a derechos de las mujeres, los informes sombra de organizaciones de la sociedad civil y las preguntas elaboradas por las personas expertas del comité, dejan ver la desconexión que existe entre el Gobierno y la realidad de muchas mujeres en México.
El primer día de la evaluación, la delegación mexicana, representada por los tres niveles del Gobierno, presentó avances legislativos, programas sociales y acciones institucionales supuestamente en favor de la igualdad sustantiva. Sin embargo, a la hora de presentar cifras, el Estado se quedó corto. ¿Cómo comprobar la eficacia de estas acciones y programas sin datos concretos que los respalden? Las personas expertas del comité denunciaron altas tasas de abandono escolar debido a la violencia y embarazos no deseados por los que atraviesan niñas y adolescentes en México. Además, se cuestionó sobre la falta de respuestas judiciales eficaces y con perspectiva de género, la falta de reparación a las víctimas y la falta de conocimientos técnicos por parte de juezas y jueces para juzgar con perspectiva de género.
Las respuestas de la delegación mexicana dejan mucho que desear, entre excusas sobre la reciente creación de la Secretaría de las Mujeres, la nueva reforma del Poder Judicial y reformas creadas en el sexenio pasado, se mencionaron los protocolos para juzgar con perspectiva de género, que fueron creados mucho antes de los últimos gobiernos y capacitaciones al personal del Poder Judicial. Sobre esta situación, las cifras siguen dando más de qué hablar que el discurso y las reformas alegadas: de acuerdo con el SESNSP, en lo que va de 2025, más de cinco mil mujeres han sido víctimas de violación sexual, una cifra alarmante y, por otro lado, 8 mujeres son asesinadas a diario.
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Este panorama no puede disfrazarse con cifras optimistas cuando, en los hechos, las mujeres en México no están seguras ni en sus hogares, ni en las calles, ni en el entorno digital. Las madres buscadoras siguen sin encontrar a sus familiares y sin recibir reparación alguna. Las fiscalías están saturadas, mal capacitadas y en la mayoría de los casos, revictimizan a las mujeres que buscan ayuda.
La evaluación de este año ante el Comité de la CEDAW no deja lugar a dudas: México sigue incumpliendo su compromiso con los derechos de las mujeres. La brecha entre el discurso y la práctica es profunda.
Las mujeres en México no estamos mejor que antes que llegara la 4T: ya llevan casi 7 años gobernando y no revierten las cifras, la eliminación de la cultura machista y misógina que origina la violencia no es tema en las aulas. No se trata de sobrelegislar, como se ha hecho, llenándonos de reformas o bien, creando secretarías, captando o desapareciendo espacios autónomos o cambiando nombres del sistema judicial. Se necesita garantizar su cumplimiento, monitorear resultados y transformar las condiciones estructurales que perpetúan la desigualdad y la violencia.
