El 2 de agosto de 2006 se promulgó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta ley marcó las bases en materia legislativa para avanzar hacia una igualdad sustantiva y transversal en el país.
Diecinueve años después, resulta indispensable hacer un balance de los avances y retrocesos a los que nos enfrentamos desde su creación.
Uno de los logros más visibles en materia de igualdad en nuestro país, es el de paridad política. En México contamos con una representación creciente de mujeres en el Congreso y en otros espacios de toma de decisiones y de autoridad, como gubernaturas estatales. México es hoy uno de los países con mayor paridad legislativa en el mundo. Por supuesto, se han creado políticas e instituciones específicas para estos temas desde el sexenio de Fox, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Nuevo Consejo Presidencial
El compromiso con la igualdad también se refleja en documentos internacionales, como los de ONU Mujeres, que reconocen el liderazgo de las mexicanas en algunos espacios políticos y sociales. Sin embargo, las observaciones de este tipo de organismos también advierten sobre la necesidad de ir más allá de la representación formal y erradicar obstáculos estructurales que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos.
A pesar de los avances, los retrocesos persisten. La violencia de género sigue siendo un tema de urgencia nacional, con decenas de miles de mujeres asesinadas en la última década. De acuerdo con ONU Mujeres, una mujer o niña muere cada diez minutos a manos de su pareja o alguien de su familia en el mundo, y México no es la excepción.
Además, la brecha salarial persiste: las mujeres en México siguen ganando menos que los hombres por trabajos de igual valor, en gran parte debido a roles de género asignados que cargan a las mujeres con 75% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Este tipo de trabajo, aunque invisible en las cuentas nacionales, sostiene la economía y limita las oportunidades laborales de millones de mujeres y, en este sentido, no hemos visto esfuerzos y voluntad política por parte del Gobierno para legislar sobre el tema.
Otro dato de ONU Mujeres que hace visible la desigualdad es que 47.8 millones más de mujeres que de hombres sufren inseguridad alimentaria, pese a que muchas de ellas trabajan la tierra y sostienen la producción de alimentos a pequeña escala. Esto es un reflejo de que las mujeres, en zonas rurales, enfrentan una doble o triple marginación, lo que conlleva problemas como el abandono escolar de niñas y adolescentes.
Al final del día, podemos decir que por un lado se ha trabajado mucho en legislar e institucionalizar este tipo de mecanismos para combatir la desigualdad; pero por el otro, no alcanzamos a ver resultados reales, datos que sostengan el trato igualitario como algo tangible y no como algo simbólico. Hemos llegado a un punto en el que las leyes y las cuotas no alcanzan, los esfuerzos y la voluntad política deben estar dirigidos en crear un impacto fuerte en la realidad de muchas mujeres: urbanas y rurales, jóvenes y adultas, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o migrantes.