Sin duda le resultó difícil, pero el almirante secretario Raymundo Morales no vaciló el iniciar acciones a fondo contra altos mandos de la Marina —encumbrados en la pasada administración— por el contrabando de millones de litros de combustibles para así poner a salvo el prestigio de la noble institución que es la Marina Armada de México.
Y esto es sólo el principio. Amén de las 200 órdenes de aprehensión liberadas contra otros mandos navales, empresarios y funcionarios civiles en aduanas, se prevé que vendrán otras acciones legales, pues no sólo es en puertos, sino en aduanas terrestres donde “las entidades y muchas gentes están podridas”, conforme a las fuentes de inteligencia que dotaron la información para fundamentar —aunque con lentitud— las órdenes de detención solicitadas por la FGR de Alejandro Gertz que concretaron con puntualidad las fuerzas de Omar García Harfuch desde la Secretaría de Seguridad.
Así, dado el grado militar de los dos primeros cabecillas imputados y su relación familiar (Manuel y Fernando Farías Laguna) no parece viable mantener a resguardo la reputación del exsecretario almirante, Rafael Ojeda, pues durante años se mantuvo el contrabando de combustibles vía marítima, mismo que incluso fue exhibido en 2020 (tras operativos en Tampico) por la entonces jefa del SAT, Raquel Buenrostro.
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Y menos cuando los hermanos Farías Laguna intentaron en 2024 influir en la sucesión de su tío al frente de la Semar.
Contrabando de combustibles: 250 mmdp en 2024. Los incentivos económicos para efectuar el llamado huachicol fiscal son muy grandes, con una capacidad corruptora igualmente enorme, pues existe un doble arbitraje de precios: el del diferencial de precio al consumidor entre México y Estados Unidos, y el diferencial de tasas impositivas. Por ese doble arbitraje los contrabandistas pueden obtener entre 11 y 11.50 pesos de ganancia bruta por litro: se calcula que han sido incautados 115 millones de litros de “huachicol fiscal” desde que inició el actual gobierno; es decir, que no llegaron a los grupos criminales 1,322.5 millones de pesos.
Pero si se venden en México 67,500 millones de litros anuales de gasolina y diésel, y de ellos el 17% había sido “huachicol fiscal” (conforme a los cálculos del experto Francisco Barnés de Castro), sólo en 2024 los grupos criminales y sus redes de protección gubernamental y policiaco se habrían embolsado casi 248 mil millones de pesos. Un dinero que se inyectó de una u otra forma a la “economía formal”.
Pero como se comentó al principio, la caída de una primera red de huachicol fiscal enquistada en Marina es un primer operativo y es predecible que vendrán más acciones de igual o mayor envergadura dada la grave expansión de la corrupción en la estructura del comercio exterior detectadas desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Tal vez este primer golpe sea un escarmiento que hará que esas agrupaciones delictivas moderen sus actividades… o que endurezcan su nivel de violencia y corrupción. Todo dependerá de hasta donde el Gobierno se mantenga firme en su propósito contra la evasión fiscal que, además, alimenta a los grupos narcoterroristas que Marco Rubio reclama sean destruidos en México o donde se encuentren.
AT&T no paga renta de antenas. Vaya anuncio el que dio el presidente de American Tower —la compañía de infraestructura para comunicaciones móviles del mundo—, Steven O. Vondran, en el sentido de que desde principios de ese año AT&T México no ha pagado unos 300 millones de dólares en renta de un “insumo estratégico” para prestar el servicio de voz, datos e imagen. Por ello mismo, American Tower ha formado una reserva de 10 millones de dólares y estima poner en marcha un proceso de arbitraje contra AT&T México en 2026 y su corporativo en Texas.
Hace poco más de un año, este columnista escribió acerca de las pérdidas de áreas de negocio, especialmente en cuanto a datos, ante compañías como Telcel y Movistar. Los representantes legales de la compañía que dirige Mónica Aspe pusieron el grito en el cielo al tratar de desmentir la información proveniente del casi extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Pero si AT&T deja de pagar un servicio estratégico, ¿que otros insumos deja de pagar? Ello reflejaría una severa reducción de flujo de efectivo para la operación cotidiana.
No es para alegrarse. La eventual salida de AT&T de México, así como de Movistar, originará un mercado monopólico de comunicaciones móviles… y es que no hay que tomar como una oferta comercial competitiva la de Altán-CFE Telecom.
Hay dinero… pero poquito. No fue una sorpresa, pero sí una confesión cuando hace unas semanas cuando el portal T21, de Osiel Cruz, reportó que Juan Manuel Mares Reyes, director ejecutivo de Desarrollo Técnico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dijo “no tenemos dinero” para ampliar la red de carreteras, sólo para administrar las deterioradas por el crecimiento del tráfico y pesos entre ciudades.
El recorte en conservación y mantenimiento carretero ha sido brutal, de casi 88% respecto a 2018…, pese a ello, sí hay dinero. Son unos 900 millones de pesos que podrían aplicarse.
