El huachicol fiscal es la importación ilegal de gasolina, diésel u otros hidrocarburos a México, evadiendo el pago de cargas fiscales como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el IVA y aranceles aduaneros. Los contrabandistas declaran el combustible bajo fracciones arancelarias falsas o engañosas, como si se tratara de aditivos, lubricantes, alcoholes o productos químicos no gravados. Una vez ingresado al país, el combustible se vende en el mercado negro o se mezcla en estaciones de servicio, generando ganancias ilícitas.
En julio de 2020, Javier Jiménez Espriú, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno de México, presentó su renuncia al presidente López Obrador por su desacuerdo con la transferencia del control de las aduanas mexicanas a la Secretaría de Marina. Ojo: este cambio administrativo fue impulsado, en parte, por presiones del propio gobierno de Estados Unidos para combatir el tráfico de fentanilo y de sus precursores químicos provenientes de China. Ahí tienen una defensa los partidarios de la 4T.
Antes de 2020, los grandes cárteles eran los principales beneficiarios de la corrupción en las aduanas civiles. Funcionarios y agentes aduanales recibían sobornos directos, mientras empresarios facilitaban el lavado, hasta que la transferencia a la Marina en 2020 buscó combatir estos esquemas. La primera pregunta, entonces, no es si hubo huachicol fiscal en el sexenio pasado, sino si el esquema de 2020 fue mejor o peor que el anterior. ¿En qué puertos y aduanas la situación mejoró y en cuáles empeoró? En el Pacífico, mejoró para el caso de precursores del fentanilo porque llegaron menos a Estados Unidos; en el Golfo, no mejoró, tratándose del huachicol fiscal. ¿El combate a los cárteles que tenían el negocio antes del 2020 valió el costo de exponer a la Marina y crear ventanas de oportunidad a la corrupción de más arriba? ¿Usted qué opina, estimado lector?
Nuevo Consejo Presidencial
Por otro lado, es conocida la acusación de que recursos del huachicol fiscal financiaron campañas electorales a través de figuras como Sergio Carmona, quien fue asesinado en San Pedro Garza García, Nuevo León, en 2021. Pero los trascendidos periodísticos y los señalamientos de unos políticos contra otros no son la verdad jurídica, que debe ser confirmada judicialmente.
La valentía de quienes destapan las cloacas hay que aplaudirla, sean testigos que denuncian o periodistas que revelan información; pero es necesario tomar con una pizca de sal la propaganda partidista de un lado y del otro y, más bien, ir atando cabos. Porque, así como circulan versiones de funcionarios corruptos y de amistades confabuladas para enriquecerse, también hay autoridades e instituciones que han dado golpes de timón y gobernadores que han denunciado a sus predecesores, incluso pertenecientes al mismo partido.
Así, el nuevo mapa de la corrupción siempre renovada y múltiple, en un país tan grande y enrevesado como México, nadie lo puede dibujar solo y para siempre. Quien eso pretenda miente o, peor, trae boleto y te engaña.
