El Gobierno federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos similares, junto con estupefacientes y drogas sintéticas como el fentanilo.
La propuesta no sólo plantea cambios regulatorios en materia sanitaria, sino que también establece lineamientos que la Secretaría de Salud deberá cumplir en las contrataciones consolidadas de medicamentos, equipo médico de alta tecnología y otros insumos, lo que refuerza el papel del Estado en la atención médica. La reforma adiciona un quinto párrafo al Artículo 4 constitucional, señalando que la ley sancionará cualquier actividad vinculada a vapeadores y dispositivos equivalentes, así como la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas y precursores químicos. De igual manera, el Artículo 5 prohíbe expresamente el desarrollo de cualquier actividad económica relacionada con estos productos. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación, la medida dará un plazo de un año para armonizar las leyes secundarias.
Aunque el debate se ha centrado en la equiparación legal entre los vapeadores y drogas altamente peligrosas como el fentanilo, el trasfondo es más complejo. Los dispositivos electrónicos han sido promovidos como alternativa al tabaco convencional, pero en la práctica mantienen la dependencia a la nicotina y se han convertido en un negocio altamente rentable para las tabacaleras. Su supuesta menor toxicidad se ha utilizado como argumento de mercadotecnia más que como un beneficio comprobado para la salud. En países donde se han permitido bajo marcos regulatorios más flexibles, las empresas han sabido capitalizar la falta de controles, expandiendo un mercado que ha atraído principalmente a jóvenes y menores de edad mediante estrategias publicitarias cuestionables.
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En México, esta industria ha enfrentado desde el sexenio anterior el rechazo de las autoridades, que nunca cedieron a las peticiones de las tabacaleras de operar con cargas fiscales más bajas. Al contrario, se buscaba imponerles impuestos más altos que a los cigarrillos tradicionales. Philip Morris International, propietaria de marcas como Marlboro, Chesterfield y Delicados, apostaba al dispositivo IQOS como su producto insignia para diversificar ingresos y compensar la caída en la venta de cigarrillos convencionales, pero la reforma actual amenaza con frenar esa estrategia. Incluso cuando la empresa obtuvo un amparo para importar productos de tabaco calentado, la nueva legislación coloca a este segmento en una zona de riesgo legal y regulatorio.
El impacto no sólo será para la industria. Con más de dos millones de usuarios de vapeadores en México, la prohibición puede generar un mercado negro aún más dinámico. Lejos de reducir los riesgos, esta situación expone a los consumidores a dispositivos de baja calidad, elaborados sin controles sanitarios y con componentes más dañinos que los regulados. El consumo no desaparecerá, sino que se trasladará a circuitos ilegales donde la seguridad de los productos es inexistente y donde las autoridades carecen de capacidad de supervisión efectiva. Al mismo tiempo, las sanciones que contempla la reforma, como multas y encarcelamiento, crean condiciones para actos de corrupción que pueden distorsionar la aplicación de la norma y alimentar la distribución clandestina.
El argumento de las tabacaleras sobre la necesidad de un marco regulatorio estricto para proteger a los consumidores es también cuestionable. Su interés primordial no es la salud pública, sino mantener el negocio de la nicotina a través de nuevos formatos de consumo. Aunque en apariencia se presenten como opciones “menos dañinas”, la evidencia científica aún no ofrece una conclusión definitiva sobre los efectos a largo plazo de los vapeadores. Lo que sí está claro es que la dependencia a la nicotina persiste y que la industria busca perpetuarla con un producto envuelto en un discurso de modernidad y reducción de daños.
La experiencia internacional y la historia del tabaco en México muestran que las prohibiciones totales difícilmente eliminan la demanda. El tabaco convencional sigue presente a pesar de décadas de regulación y campañas restrictivas. Sin embargo, la falta de controles en los vapeadores y su popularidad entre menores hacen que el riesgo social sea mayor. El discurso de libertad de elección del consumidor no puede ignorar que el atractivo de estos dispositivos se ha construido con estrategias de mercadotecnia agresivas que buscan enganchar a una nueva generación de fumadores.
La reforma constitucional representa una medida dura contra los vapeadores, pero también plantea un desafío de implementación. Si bien la intención de proteger la salud pública es legítima, el vacío regulatorio que dejará puede agravar los riesgos en lugar de mitigarlos. La política de prohibición absoluta no elimina el consumo, pero sí coloca a millones de usuarios en un terreno más peligroso, con productos ilegales, sin controles de calidad y con mayores oportunidades de corrupción. Y claro con los jugosos millones de tabacaleras que están en este negocio. El verdadero debate se dará, porque hoy hay amparos vigentes, entonces veremos el resultado, porque además los votos los tienen para que esto sea una medida inmediata con el respaldo de leyes y se presuma como un logro más de la 4T.
