Utilizar drones para atacar es una práctica cada vez más común para el crimen organizado en México.
El ataque con drones explosivos contra las oficinas de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía de Baja California, en Tijuana, marca un nuevo y preocupante capítulo en la violencia criminal en México. La noche del jueves, al menos tres artefactos voladores no tripulados sobrevolaron las instalaciones ubicadas en la delegación Playas de Tijuana y dejaron caer explosivos de fabricación casera, provocando daños materiales en vehículos y mobiliario oficial.
Aunque no hubo víctimas, y fue un verdadero milagro que no hubiera gente, este tipo de explosivos caseros arrojados con drones pueden matar a personas.
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Hoy, los criminales operan con drones cargados con explosivos para intimidar y generar terror en las instancias gubernamentales y en la sociedad. Es una amenaza real que crece en el país. Utilizar tecnología civil como los drones se puede utilizar de manera muy sencilla para fines bélicos.
En el reciente ataque en Tijuana, los drones tenían botellas de plástico rellenas con pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos. Al detonarlos, estos artefactos generaron una onda expansiva capaz de dañar automóviles y estructuras.
La fiscal de Baja California, María Elena Andrade, trató de minimizar el ataque asegurando que los explosivos eran de manufactura casera, pero no habló de la magnitud y el daño que estos explosivos pueden provocar.
La agresión coincidió con una serie de detenciones recientes realizadas por la Fiscalía, lo que hace pensar que se trató de una represalia del crimen organizado. Las autoridades estatales y federales investigan el hecho bajo la figura de terrorismo, un término que refleja la gravedad y sofisticación de esta nueva modalidad de violencia.
El ataque en Baja California ocurre en un contexto de tensiones crecientes. La gobernadora Marina del Pilar Ávila reconoció que la tecnología de seguridad en los penales y dependencias quedó rebasada, especialmente los bloqueadores de señal utilizados para impedir el uso de celulares y drones.
“Tenemos que actualizar nuestros sistemas. Lo que vimos en este ataque demuestra que la delincuencia organizada tiene acceso a tecnología que supera la capacidad actual del Estado”, admitió.
Apenas semanas antes, la misma Fiscalía había sufrido incendios intencionales en dos de sus instalaciones, también atribuidos al crimen organizado. El patrón sugiere una estrategia de intimidación y desestabilización dirigida contra las instituciones encargadas de investigar secuestros, extorsiones y tráfico de drogas.
Por lo pronto, y sabiendo que en cualquier momento estos drones pueden traspasar fronteras, el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, recomendando evitar la zona del ataque y pidiendo a sus ciudadanos mantenerse informados a través de fuentes oficiales.
AUTORIDAD EN ALERTA
En su comunicado, pidió a los estadounidenses “mantener la calma, informar a familiares sobre su paradero y contactar al consulado en caso de emergencia”.
El llamado diplomático refleja la preocupación internacional por la expansión de tácticas de guerra urbana en la frontera norte mexicana, una zona donde confluyen intereses criminales, rutas de tráfico y disputas por control territorial.
Y es que los ataques con drones son cada día más comunes. No es la primera vez que los cárteles utilizan drones explosivos. Desde 2020, las Fuerzas Armadas mexicanas han documentado múltiples casos en Michoacán, Jalisco y Zacatecas, donde células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos han empleado estos dispositivos para atacar rivales o fuerzas de seguridad.
Los drones permiten a los delincuentes atacar sin exponerse, operar con precisión y sembrar miedo. Lo alarmante es que, con conocimientos básicos de electrónica y acceso a materiales de uso común, que muchas veces se pueden comprar en cualquier lugar, se pueden fabricar artefactos con alto poder destructivo.
En Michoacán, por ejemplo, comunidades completas han sido desplazadas por ataques aéreos improvisados que combinan pólvora, fragmentos metálicos y detonadores activados por control remoto. Las imágenes de camionetas calcinadas y casas destruidas por drones caseros se han vuelto una constante en las zonas de conflicto entre grupos delictivos.
La violencia en Baja California se relaciona con las operaciones del CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
Y sus redes están en muchas otras partes del país, por ejemplo, en Jalisco. Coincidentemente, en los mismos días del ataque con drones fue detenido Nazario Ramírez, líder transportista y dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en la entidad.
Según autoridades, Nazario fungía como operador del CJNG en Jalisco y Puebla, coordinando extorsiones, cobros de piso y distribución de drogas bajo la fachada de actividades sindicales. Su captura fue resultado de un operativo en Guadalajara, donde se aseguraron armas, vehículos blindados, metanfetaminas y dispositivos electrónicos.
Los investigadores tienen indicios de que el ataque con drones en Tijuana podría ser una reacción directa a la captura de este operador clave.
El uso de drones no es exclusivo de México. En los últimos años, grupos armados en América Latina y Medio Oriente han empleado esta tecnología para emboscadas, ataques selectivos y sabotajes. Sin embargo, la expansión de estos métodos en el ámbito urbano mexicano representa una amenaza inédita.
Los drones comerciales pueden comprarse fácilmente en línea o en tiendas de electrónica. Con modificaciones simples, como soportes para botellas, detonadores improvisados o cámaras de visión nocturna, se convierten en armas capaces de transportar hasta dos kilos de explosivos.
Expertos en seguridad señalan que es muy difícil poder interceptar drones. Se pueden manejar a kilómetros y con las cámaras que los guían, con el GPS se pueden manejar con gran precisión.
Los recientes ataques exponen otro problema crítico: la fácil fabricación de explosivos caseros. Los artefactos empleados contenían elementos al alcance de cualquiera: botellas de plástico, pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos.
Estos materiales, al combinarse de manera rudimentaria, pueden generar una explosión capaz de mutilar, incendiar o matar en segundos. En manos del crimen organizado, se transforman en instrumentos de terror masivo.
La manipulación de pólvora y sustancias explosivas sin conocimiento técnico no sólo es ilegal, sino extremadamente peligrosa. Un error mínimo puede causar detonaciones accidentales y lesiones graves a quienes intentan fabricarlas.
En muchos de los ataques recientes, como los registrados en Michoacán o Zacatecas, se han encontrado restos de artefactos con características similares: envases rellenos de metralla y activadores eléctricos o de impacto.
El ataque con drones en Baja California confirma que el crimen organizado en México evoluciona más rápido que las políticas públicas de seguridad.
Las autoridades deben ahora diseñar protocolos especializados, invertir en inhibidores de señal, sistemas antiaéreos de corto alcance y capacitación para cuerpos policiales y de emergencia.
De no hacerlo, los ataques con drones y explosivos caseros podrían volverse una forma cotidiana de intimidación y violencia, no sólo contra las instituciones, sino contra la población civil.
En un país donde la delincuencia organizada ya domina territorios completos, hoy el cielo se ha convertido en un nuevo frente de batalla.
