La independencia se tiene que defender, es un asunto que se refuerza día con día, pero a veces se pierde, y, si se trata de instituciones públicas, las consecuencias pueden ser terribles. Aciertan Norma Piña y Jorge Mario Pardo Rebolledo, exintegrantes del pleno de la SCJN, en que hicieron todo lo que estaba a su alcance para proteger al Poder Judicial. En efecto, salieron a las calles, convergieron con la sociedad civil, las barras de abogados, facultades de derecho y universidades en que venía una tempestad.
La exministra Piña, primera mujer en presidir la Suprema Corte, recordaba en el foro “El futuro de la justicia: independencia judicial en México y en el ámbito regional” que, en pocas ocasiones, inclusive a nivel internacional, la sociedad civil ha salido en apoyo de los jueces, como sí ocurrió en nuestro país.
De igual modo, no es frecuente que tantas voces autorizadas se hayan sumado a la advertencia de que los cambios, sin diagnóstico y por capricho, como la elección popular de los juzgadores, podrían resultar funestos.
Otra raya de impunidad más al Cuau
¿Qué pasó entonces? Para la ministra se concatenaron diversos factores que terminaron por producir una “tormenta perfecta” cuando el INE y el TEPJF otorgaron una sobrerrepresentación a Morena y sus aliados, que les otorgó una fuerza en las cámaras legislativas que no obtuvieron en las urnas.
Al darle la llave de la mayoría constitucional a quienes ahora gobiernan, se abrió el paso para una incontenible aprobación de reformas, unas más perjudiciales que otras, pero todas con el objetivo de someter a los organismos autónomos y de desmontar los contrapesos a la Presidencia de la República.
A los ministros de la Suprema Corte se les sometió a una campaña de desprestigio permanente, se les acusó de estar coludidos con intereses inconfesables, pero hasta ahora no existe una resolución que ampare semejantes ataques.
También se dijo que eran renuentes a cualquier cambio, aunque en esos momentos la Suprema Corte, luego de una amplia consulta, difundió un documento, “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas” que, de ser atendido, habría dotado de bases sólidas si lo que se pretendía era mejorar la vida de las personas.
Entre otros hallazgos se detectó que en realidad el centro del problema de la justicia estaba (está) en el ámbito local y en el de las fiscalías, que se padecía una profunda crisis en derechos humanos, que la efectividad del sistema penal era excesivamente baja, y que la pirámide del gasto se encontraba invertida, ya que se otorgaban menos recursos a la justicia local, aunque ahí se resuelven la mayoría de los casos.
Aunado a ello, también se especificó el daño que causa la desarticulación de las investigaciones de los delitos que abonan, con ello, al problema de la impunidad, que ronda el 96.3%, aspecto, por cierto, que poco tiene que ver con los jueces.
