El 7 de enero, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la vigencia de esas normas en los territorios ocupados por Israel. La descripción de las condiciones en las que vive la población palestina en Cisjordania y Jerusalén oriental guarda similitud con lo que sucedía a los grupos no blancos en Sudáfrica durante buena parte del siglo pasado.
De acuerdo con el reporte, las autoridades aplican dos sistemas legales distintos a los colonos de Israel y a los palestinos que residen en Cisjordania, lo que genera un trato desigual en aspectos como la libertad de movimiento y el acceso a recursos fundamentales, entre ellos tierra y agua.
El informe señala que, desde el ataque de Hamas a Israel, el Gobierno israelí ha ampliado el uso ilegal de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la tortura, así como la represión de la sociedad civil, restricciones indebidas a la libertad de prensa, severas limitaciones a la movilidad y expansión de asentamientos de colonos en la Cisjordania ocupada. A ello se suman otras formas de discriminación, como la persecución penal ante tribunales militares, donde se violan las garantías del debido proceso y el derecho a un juicio justo. Este sistema legal militar constituye una herramienta central para el control de la población palestina en Cisjordania.
Sobra soberbia
El documento reseña que el ejercicio de los derechos fundamentales se ve afectado por restricciones discriminatorias a la movilidad, pues limitan el acceso al trabajo y a las tierras agrícolas, provocando severas dificultades económicas. Las comunidades palestinas se han visto fragmentadas con la construcción de nuevas carreteras exclusivas para colonos israelíes. Además, los palestinos han sido objeto de confiscaciones masivas de tierras y de privación del acceso a recursos, lo que ha resultado en el despojo de sus hogares y territorios. En Cisjordania, miles de personas han sido desalojadas de sus hogares, lo que podría constituir un traslado forzoso ilegal, hecho considerado como crimen de guerra.
El informe afirma que las tendencias negativas no sólo continúan, sino que se han acelerado. La impunidad, advierte, prevalece frente a las violaciones de derechos humanos: de más de mil 500 palestinos asesinados entre 2017 y septiembre de 2025, las autoridades israelíes abrieron poco más de un centenar de investigaciones y sólo se registró una condena. Miles de palestinos permanecen detenidos arbitrariamente, muchos bajo el régimen de “detención administrativa”, sin cargos ni juicio. El documento también registra tendencias de asesinatos ilegales y otras formas de violencia estatal y de colonos, e incluye numerosos ejemplos del uso deliberado de fuerza letal sin justificación contra palestinos y con aparente intención de matar.
Al final de la presentación del informe, el alto comisionado instó al Gobierno de Israel a derogar las leyes que perpetúan la discriminación, poner fin a su presencia ilegal en los territorios ocupados y respetar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Lo deseable es que sus palabras tengan eco en la comunidad internacional.
