En tiempos donde la información falsa circula con mayor velocidad que los hechos, distinguir entre crítica legítima y desinformación se vuelve indispensable. Ése es el contexto de la polémica reciente sobre la compra de camionetas por parte de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El debate público se ha centrado en una supuesta contradicción: ministras y ministros que hablaron de austeridad habrían autorizado la compra de vehículos, lo que algunos han presentado como un “lujo”.
Esta narrativa omite un punto clave: la austeridad no es sinónimo de poner en riesgo la seguridad personal de las y los funcionarios públicos. Pensar lo contrario es de una mezquindad abrumadora.
Las ministras y ministros resuelven asuntos que involucran intereses políticos, económicos y fiscales de enorme magnitud. Pensar que deben trasladarse sin medidas mínimas de seguridad, es una exposición innecesaria a riesgos reales en un país como el nuestro.
Aun así, más allá del debate de fondo, la desinformación ha contaminado la discusión y hay que tenerlo bien claro.
A ver, ¿por qué se renuevan las camionetas cada cuatro años?
La renovación de los vehículos no es una decisión discrecional de la actual integración. El Acuerdo General de Administración XI/2019, aprobado por la anterior Corte, establece este esquema de renovación. Pero más allá de eso, existe un dato técnico incuestionable: el blindaje vehicular tiene una vida útil aproximada de entre cuatro y cinco años. Superado ese plazo, deja de cumplir eficazmente su función
de protección.
Los materiales balísticos se degradan con el tiempo por factores como la exposición al sol, la humedad, los cambios de temperatura y el propio desgaste estructural del vehículo. En sentido contrario a lo que se afirma, mantener unidades con blindaje vencido no es una medida de austeridad, sino una simulación de seguridad.
No es un tema nuevo. Sólo hay que mirar un poco hacia atrás. Incluso existen programas en todo el mundo para garantizar la seguridad de las personas juzgadoras ante temas tan delicados que resuelven y por los que pueden sufrir represalias.
Otro asunto: ¿Las placas de las camionetas “lujosas” son de Morelos? Circula en redes sociales una nota que afirma que las camionetas de las y los ministros portan placas del estado de Morelos. Esta información es falsa.
De acuerdo con la información pública disponible en el Registro Público Vehicular (Repuve), consultada ayer mismo, la camioneta Jeep Cherokee con placas de Morelos está registrada desde diciembre de 2024, en un periodo en el que la actual integración de la Corte aún no estaba en funciones.
Además, la fecha de emplacamiento es del 14 de abril de 2025, lo que confirma que no se trata de una adquisición reciente ni vinculada a la decisión administrativa de la compra de la nueva Corte.
La camioneta de la fotografía que circula con esas placas no es la misma que la relacionada con las y los ministros.
La crítica al poder es necesaria y saludable en una democracia. Pero cuando la crítica se construye sobre datos incorrectos, deja de ser control ciudadano y se convierte en desinformación. En un debate público tan polarizado, los hechos importan. Y en este caso, los hechos no respaldan la narrativa que hoy circula en redes.
RADAR
Posverdad. En épocas de efervescencia política y de una intensa batalla de ideas entre los polos que disputan el poder en México, la generación de narrativas para distorsionar la realidad con fines políticos e ideológicos puede dañar no sólo a las personas involucradas sino a las instituciones que tanto necesitan tanto hoy ser fortalecidas en favor de los mexicanos.
