En los próximos 22 y 23 de marzo, la ciudadanía italiana votará en un referéndum para ratificar o rechazar una reforma constitucional a la estructura del poder judicial. El Senado de ese país aprobó en octubre del 2025 cambios en el sistema judicial que, según el Gobierno de Giorgia Meloni, busca fortalecer la imparcialidad y la eficiencia de la justicia. La iniciativa divide las carreras de jueces y fiscales, modifica el sistema de autogobierno judicial y crea un nuevo tribunal disciplinario.
El cambio más visible es la separación definitiva entre las carreras de jueces y fiscales. Hasta ahora, ambos forman parte de un mismo cuerpo profesional: la magistratura. El Gobierno sostiene que permitir el tránsito entre ambas funciones generaba desconfianza pública y comprometía la apariencia de imparcialidad del sistema. La reforma elimina esa posibilidad y establece dos estructuras separadas de gobierno judicial.
Esta reorganización también implica la división del Consejo Superior de la Magistratura, órgano encargado de garantizar la autonomía judicial. El nuevo modelo prevé dos consejos distintos y un sistema de selección basado en sorteos entre candidatos elegibles, tanto para magistrados como para miembros externos designados por el Parlamento. Si bien el mecanismo busca proyectar neutralidad, sus críticos advierten que, en la práctica, debilita la capacidad del Poder Judicial de elegir a sus propios representantes y diluye su experiencia institucional acumulada. También se aprobó crear un Tribunal Superior Disciplinario que sustituirá al actual sistema de control interno. Este órgano concentrará las funciones disciplinarias y sus decisiones sólo podrán revisarse dentro de la misma estructura, sin intervención del Tribunal de Casación.
Pacto en Segob
Detrás de la idea de modernización institucional surge una duda: ¿la reforma fortalece el Estado de derecho o introduce mecanismos que debilitan la independencia judicial? Recordemos que el debate se ha dado luego de que el Gobierno ha acusado a los jueces de interferir en decisiones políticas, particularmente en asuntos relacionados con inmigración o grandes proyectos de infraestructura. Este discurso alimenta la idea de que el Poder Judicial actúa como un obstáculo a la voluntad democrática, razonamiento que invierte el sentido original de la separación de poderes: en una democracia constitucional, el control judicial no es una anomalía, sino una garantía frente al abuso del poder.
La reforma también enfrenta una crítica más pragmática. Los problemas estructurales del sistema judicial italiano (escasez de juzgadores, retrasos procesales, sobrecarga de trabajo y rezagos tecnológicos) han sido señalados reiteradamente por informes europeos sobre el Estado de derecho. Ninguno de esos asuntos se aborda en la reforma aprobada por el Senado. En cambio, el debate político se ha concentrado en una reorganización institucional cuyos efectos reales podrían ser limitados. El destino final de la reforma dependerá del referéndum que se llevará a cabo en unos días. Más allá del resultado, la consulta será un examen sobre el grado de confianza pública en el sistema judicial vigente y, al mismo tiempo, sobre la dirección que Italia desea dar a su democracia constitucional.
