La promesa era tan grandilocuente como irreal: democratizar la justicia, limpiar los tribunales de la corrupción y poner el Poder Judicial al servicio del pueblo.
Hoy, a una distancia crítica de su implementación, la reforma judicial en México ha demostrado ser exactamente lo contrario: un error de cálculo histórico cuyo costo económico, operativo y social apenas comenzamos a dimensionar. Lo que se vendió como una cirugía mayor terminó en una amputación sin anestesia.
Hablemos primero del costo más evidente, el monetario. Desmantelar un sistema de carrera judicial edificado durante décadas para sustituirlo por un tinglado de elecciones populares no fue gratuito. La organización de los comicios extraordinarios para elegir a miles de jueces, magistrados y ministros devoró miles de millones de pesos del erario. Recursos públicos que bien pudieron destinarse a fortalecer a las fiscalías locales —el verdadero cuello de botella de la impunidad en México— o a mejorar la infraestructura de los colapsados tribunales de los estados, se dilapidaron en boletas electorales y campañas absurdas. Es la paradoja de la austeridad republicana: gastar fortunas para empeorar lo que funcionaba con muchas deficiencias, pero con relativa estabilidad, se colapsó en la experimentación.
• Riesgosa ausencia
Sin embargo, el dispendio económico palidece ante el desastre de los resultados prácticos. La purga masiva de juzgadores experimentados provocó una parálisis procesal sin precedentes. Los nuevos jueces, impulsados más por su rentabilidad política o su cercanía con las estructuras partidistas o de gobierno que por su pericia técnica, se toparon con la terca realidad del derecho. El rezago de expedientes se disparó y los juzgados se convirtieron en un laberinto de inexperiencia. La justicia en México, históricamente lenta, se volvió virtualmente estática. Los ciudadanos de a pie, los que supuestamente se beneficiarían del cambio, son quienes hoy pagan los platos rotos esperando una justicia que de esta forma nunca llegará.
Pero el golpe más letal y de largo plazo está en la destrucción de la seguridad jurídica. La confianza institucional no se construye por decreto, se gana con predictibilidad. Al someter a los jueces al vaivén de las urnas y al escrutinio del humor político, se dinamitó la independencia judicial. Hoy, las reglas del juego en México no son claras ni estables. Los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, operan bajo una premisa básica: el capital huye de donde no hay garantías de que los contratos y las leyes se respeten de forma imparcial.
El costo de esta desconfianza ya se refleja en la desaceleración de proyectos de inversión y en la cautela de los mercados. La incertidumbre jurídica actúa como un impuesto silencioso que frena el crecimiento económico y arruina la competitividad del país frente a sus socios comerciales. Sin tribunales confiables, el Estado de derecho pasa a ser una simulación y la economía paga la factura.
Al final, la reforma judicial ha resultado ser un fracaso redondo. Nos costó una fortuna que no teníamos, empeoró el acceso a la justicia para los ciudadanos y colocó a la economía nacional en una posición de vulnerabilidad internacional debido a la enorme desconfianza generada. Sustituir la meritocracia por la demagogia nunca ha sido una buena idea. En el pecado de la soberbia política, México lleva hoy la penitencia económica e institucional.
Por todo lo anterior, la posposición de las elecciones judiciales es una gran oportunidad para corregir en gran parte el fracaso inicial, para ello se tiene que aprender del error y, de ser posible, cancelar el formato de elección y establecer la selección de los nuevos jueces considerando el conocimiento y la experiencia de los futuros juzgadores.
una narrativa que patea el bote
