La justicia electoral no puede ejercerse a distancia. Su tarea exige técnica, imparcialidad y solidez jurídica, pero también requiere una condición que no siempre se valora lo suficiente: comprender el contexto donde sus decisiones producen efectos.
Una sentencia puede estar correctamente fundada y, aun así, resultar insuficiente si no alcanza a leer la realidad que ordena, protege o repara. El derecho necesita razones; la justicia, además, necesita escucha.
Con esta convicción, el pasado 30 de abril iniciamos en la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana, los seminarios regionales Justicia electoral cercana: diálogos sobre nuestra democracia, una iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en alianza con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
• Riesgosa ausencia
El recorrido continuó en Arteaga, Coahuila, y en Morelia, Michoacán. Más adelante seguirá en Campeche, Tlaxcala y Ciudad de México. Se trata de abrir una conversación institucional con las regiones del país para entender mejor sus problemas democráticos. La premisa es clara: la norma puede ser general, pero los conflictos no se expresan igual en todos los territorios.
No es lo mismo hablar de derechos político-electorales desde una frontera que desde una comunidad indígena; desde una zona metropolitana que desde una región marcada por migración, desigualdad, violencia o formas propias de organización comunitaria.
Por eso estos diálogos importan. Porque permiten contrastar diagnósticos con academia, sociedad civil, autoridades electorales, personal jurisdiccional y ciudadanía. No sustituyen la función jurisdiccional del Tribunal, la fortalecen.
Los seminarios giran en torno a cuatro desafíos centrales: los derechos político-electorales de pueblos indígenas y grupos de atención prioritaria; el impacto de la Inteligencia Artificial y las plataformas digitales en las elecciones; la elección judicial; y los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral.
Los temas son los mismos en cada sede, pero las respuestas no pueden ser idénticas. Ahí está el valor del método: observar cómo cada problema democrático cambia de textura cuando se mira desde territorios distintos.
Debe quedar claro que la justicia electoral cercana no es un eslogan. Es una forma de responsabilidad institucional. Implica reducir distancias, explicar mejor lo que hacemos, abrir canales de conversación y reconocer que la legitimidad de un tribunal no descansa únicamente en la calidad técnica de sus sentencias. Depende también de su capacidad para hacer comprensibles sus decisiones, generar confianza y responder con sensibilidad a los cambios democráticos del país.
Cercanía, en ese sentido, no significa complacencia. Diálogo no significa renuncia al rigor. Escucha no significa debilidad institucional. Al contrario: una justicia que escucha decide con más información, con mayor precisión y con mejor conciencia de sus efectos públicos.
En un momento de cambios profundos —nuevas formas de participación, debates sobre tecnología, representación, elección judicial y acceso efectivo a derechos— las instituciones no pueden encerrarse en sus propios lenguajes.
Deben salir al encuentro de la sociedad sin perder independencia; abrirse al diálogo sin abdicar de su responsabilidad; acercarse a la ciudadanía sin confundir cercanía con popularidad.
Este recorrido nacional continúa con un sentido claro: fortalecer una justicia electoral más abierta, más comprensible y más consciente del país y la ciudadanía a la que sirve.
una narrativa que patea el bote
