Una denuncia en poder de este espacio señala a Antonia Gutiérrez Ramírez, quien anteriormente se desempeñó como subdelegada de la Subdelegación número 7 Del Valle. El escrito, dirigido al Órgano Interno de Control del IMSS, la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández, la Fiscalía General de la República, de Ernestina Godoy y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, plantea posibles irregularidades relacionadas con registros patronales, auditorías, notificaciones, juicios y empresas concentradas en un mismo domicilio.
De acuerdo con la información entregada a las autoridades, decenas de empresas tienen registrados sus domicilios patronales en Avenida Coyoacán 1878, en la colonia Del Valle, aunque aparecen distintas variantes de la dirección para identificar oficinas, pisos, despachos e interiores. Los denunciantes sostienen que, durante la gestión de Gutiérrez Ramírez como subdelegada, se habría instruido a personal para modificar la forma en que se registraban los domicilios con el propósito de evitar que aparecieran como coincidentes.
El listado que acompaña la denuncia contiene registros patronales de empresas con actividades muy diversas y números de trabajadores que llaman la atención. Promoxtend aparece con 15 mil 223 trabajadores; Tecno Servicio Corporativo, con 3 mil 263; MMF & CA Administración, con mil 233; Lasoile, con mil 170; Simars, con mil 110; Oversight Sonic Service, con 923, y Grupo Especializado en Seguridad, con 901. La primera tarea para las autoridades deberá ser verificar físicamente qué empresas funcionan ahí y si el domicilio declarado corresponde efectivamente a sus centros de trabajo.
• La empresa del examen se defiende
Pero el expediente va más allá. Los denunciantes piden revisar cuántas auditorías fueron practicadas a las empresas, qué créditos fiscales se determinaron y cuántos juicios de nulidad o inconformidades promovieron contra el IMSS. Particular atención solicitan sobre los procedimientos que terminaron anulados por deficiencias en las notificaciones. Los denunciantes sostienen que personal de la Subdelegación 7 “Del Valle”, notificadores y áreas de auditoría habrían recibido instrucciones para modificar registros o realizar notificaciones deficientes que posteriormente pudieran ser impugnadas. De comprobarse, no sería un asunto menor: una falla deliberada en un procedimiento de cobro puede tener consecuencias directas sobre la recaudación de cuotas que financian la seguridad social.
La denuncia también apunta a un posible vínculo entre las empresas y un despacho externo al que ligan con la funcionaria, por lo que solicitan revisar representantes legales, accionistas, apoderados, contadores y administradores para establecer si existe una administración común. También se menciona a Luis Anuar Estefan Garfias, quien señalan, habría sido despedido del IMSS y tras su salida se habría aliado a Gutiérrez Ramírez para supuestamente coadyuvar con el supuesto esquema de simulación. También se solicita una revisión de la evolución patrimonial de Gutiérrez Ramírez y de cualquier otro servidor público que resulte vinculado.
Nuevo contrato. La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) aprobó, con 162 votos a favor y 17 en contra, el nuevo contrato colectivo de trabajo para los sobrecargos de Grupo Aeroméxico, con lo que se evitó el estallido de una huelga. El acuerdo contempla un incremento salarial general de 4.16 por ciento, un aumento de 4 por ciento en viáticos para determinados destinos, la extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación para los sobrecargos del contrato A y una revisión bianual que garantiza para 2027 un ajuste salarial equivalente a la inflación más 0.5 por ciento. Mientras el convenio representa una mejora en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, para Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, es una mayor presión sobre su estructura de costos, pero esto que es algo muy merecido para sus trabajadores, llega en un momento donde Aeroméxico presume mantener un sólido desempeño operativo y un crecimiento en el tráfico de pasajeros, pero continúa registrando debilidad en sus resultados financieros en México, por lo que el incremento en sus compromisos laborales añade un problema a tantos, a su rentabilidad en el mercado nacional.
Voz en off. Todo lo que decida la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en torno al proceso de registro de líneas telefónicas terminará enfrentándose al mismo problema: la falta de confianza de los usuarios y la ausencia de certeza sobre la seguridad de sus datos personales. La prórroga otorgada conforme a vencimiento de plazo, no modifica las deficiencias que han acompañado el proceso desde su inicio. Si persisten las fallas operativas, las dudas sobre la validación de la información, la vinculación automática de líneas de pospago, la falta de claridad respecto al manejo de los datos personales y la ausencia de explicaciones convincentes sobre los mecanismos de protección frente a filtraciones, accesos indebidos o usos no autorizados. Obligar a los usuarios a cumplir con este trámite sin antes generar confianza y ofrecer garantías sólidas de seguridad refleja un enfoque que difícilmente resolverá el problema de fondo, ya que quienes buscan evadir la identificación probablemente encontrarán alternativas para hacerlo, mientras que el mayor impacto recaerá sobre las empresas de telecomunicaciones, que deberán absorber los costos operativos, administrativos y reputacionales derivados de un registro cuya efectividad sigue siendo cuestionada. ¿Este proceso solicitará los problemas de inseguridad del país?, así se ha vendido, veremos…
Las trampas en nuestro espejo
