La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más complicados de las últimas décadas. A las diferencias históricas en materia de migración y seguridad hoy se suman profundas tensiones comerciales, económicas y políticas que amenazan con modificar la relación bilateral más importante para nuestro país.
Ahora, durante una entrevista con Fox News, el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y que, en realidad, son México y Canadá quienes dependen del acuerdo.
“No me importa. La verdad es que no quiero hacerlo. Prefiero ser independiente”, respondió cuando fue cuestionado sobre la renovación del tratado.
• La empresa del examen se defiende
PURO TRATADO
Después remató con una frase que refleja la tensión que se avecina en la relación bilateral: “La cuestión es ésta: México y Canadá nos necesitan. Nosotros no los necesitamos a ellos. El acuerdo es importante para ellos. Para nosotros no lo es”.
Más allá de la retórica política, el mensaje es claro. La administración Trump considera que el T-MEC debe modificarse porque, a su juicio, EU ha cedido demasiado; mientras que México ha obtenido enormes beneficios económicos.
Es cierto que México depende mucho más del mercado estadounidense que EU del mexicano. Cerca del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas tiene como destino ese país. Millones de empleos, buena parte de la inversión extranjera y un porcentaje muy importante del crecimiento económico mexicano están vinculados directamente con esa relación comercial.
Sin embargo, también es cierto que la economía estadounidense obtiene importantes beneficios del tratado. Miles de empresas producen en México para abastecer a consumidores estadounidenses y las cadenas de suministro de sectores como el automotriz, el electrónico y el aeroespacial se encuentran completamente integradas.
Aun así, Estados Unidos sostiene que existen diversos incumplimientos que deben corregirse.
Uno de los principales reclamos tiene que ver con el enorme déficit comercial que mantiene EU frente a México. Trump ha utilizado ese dato como argumento para justificar su política arancelaria y exigir cambios en el tratado.
Pero no es el único punto. Durante años, autoridades estadounidenses han denunciado que numerosas empresas utilizaron a México como plataforma para introducir productos provenientes de China que, posteriormente, eran etiquetados como fabricados en México para aprovechar las ventajas arancelarias del T-MEC. Esa triangulación comercial se detectó en distintos sectores y terminó por convertirse en uno de los argumentos centrales para exigir reglas de origen mucho más estrictas.
Precisamente por ello, EU pretende aumentar el contenido regional y, particularmente, el contenido estadounidense que deben tener los productos para poder ingresar libres de aranceles.
Otro tema que constantemente aparece sobre la mesa es la certeza jurídica para las inversiones.
Empresarios estadounidenses han expresado preocupación por decisiones gubernamentales que, desde su perspectiva, modifican las reglas bajo las cuales invirtieron en México. Los cambios regulatorios, las controversias derivadas de la política energética, la reforma judicial y la percepción de una menor seguridad jurídica para las inversiones forman parte de las preocupaciones que Washington ha manifestado durante los últimos años.
La semana pasada concluyó la tercera ronda bilateral de negociaciones entre ambos países.
De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de EU, durante esas reuniones se discutieron temas relacionados con acero, aluminio, automóviles, seguridad económica, agricultura, servicios digitales y reglas de origen.
El Representante Comercial estadounidense, Jamieson Greer, adelantó que algunos acuerdos podrían alcanzarse antes de terminar este año, aunque reconoció que los temas más complejos, probablemente, continuarán negociándose hasta 2027.
Del lado mexicano, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostiene que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas sigue ingresando sin pagar aranceles al cumplir con las reglas del T-MEC y ha insistido en que México mantiene una posición competitiva dentro del acuerdo.
Pero recordemos que aquí, como en el programa de televisión Big Brother, “las reglas cambian”. Con la revisión anual, ningún inversionista puede prever qué condiciones se impondrán al año siguiente, y esto genera una enorme incertidumbre.
Pero el frente económico es solamente una parte del problema. Hoy la seguridad es un factor fundamental en la relación y en los acuerdos bilaterales.
Esta semana, Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos a Donald Trump y uno de los hombres más influyentes de la Casa Blanca, lanzó una de las críticas más severas que ha realizado un funcionario estadounidense contra México.
Durante una ceremonia en el Pentágono, Miller aseguró que el sistema judicial, el sistema político y el sistema legal mexicano no funcionan porque amplias regiones del país se encuentran bajo el control de organizaciones criminales.
Incluso equiparó a los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas como Al Qaeda y el Estado Islámico.
Para el Gobierno de Trump, el problema ya no es únicamente el tráfico de drogas. La administración Trump sostiene que los cárteles mexicanos representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense debido al tráfico de fentanilo, al lavado de dinero, al tráfico de personas y a la presencia de organizaciones criminales que operan en territorio estadounidense.
Y aunque el Gobierno de México respondió que ningún funcionario extranjero puede descalificar a las instituciones mexicanas y reiteró que la cooperación bilateral debe realizarse bajo principios de respeto mutuo y soberanía, lo cierto es que en México persisten graves problemas de inseguridad.
Además, EU sostiene que se han incumplido algunos compromisos comerciales y ha cuestionado el nivel de colaboración de las autoridades mexicanas en determinadas investigaciones relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios con organizaciones criminales.
La inseguridad continúa siendo uno de los principales factores de preocupación para inversionistas nacionales y extranjeros.
La violencia, las extorsiones, el cobro de derecho de piso y la presencia de grupos criminales en distintas regiones del país afectan el desarrollo económico y elevan el costo de hacer negocios en México.
Ése es precisamente uno de los argumentos que la administración Trump utiliza para exigir mayores acciones del Gobierno mexicano.
Y en esta coyuntura, en las próximas semanas se celebrarán dos audiencias judiciales de enorme relevancia en EU.
La primera corresponde a Joaquín Guzmán López, programada para el próximo 31 de agosto en una corte federal de Chicago. El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán ya se declaró culpable y alcanzó un acuerdo de colaboración con las autoridades estadounidenses.
La segunda será el 28 de octubre, cuando se realizará una nueva audiencia de Ovidio Guzmán López, quien también aceptó colaborar con el Departamento de Justicia.
Las formas utilizadas por la administración Trump suelen ser duras, confrontativas e incluso ofensivas para México, pero también es cierto que algunos de los temas que Washington coloca sobre la mesa responden a problemas reales que nuestro país aún no ha logrado resolver plenamente.
Las trampas en nuestro espejo
