El despojo inmobiliario fractura la estabilidad comunitaria atravesando la integridad emocional y el equilibrio económico de las y los más vulnerables, especialmente personas adultas mayores, quienes sufren 45 por ciento, al menos, de esa agresión depredadora.
Despojar a una persona de su hogar desborda la simple contabilidad de las pérdidas materiales. Es una agresión directa contra el núcleo comunitario y obliga a la atención institucional ante decenas de formas de esta actividad delincuencial.
Diversas mafias inmobiliarias operan mediante la alteración furtiva de documentos, violencia explícita o engaño procesal. Este fenómeno delictivo —el cual al primer semestre del año registra mil 846 carpetas de investigación—, lejos de limitarse a una disputa civil entre particulares, lesiona la cohesión urbana.
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Ante ello, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, coloca en el centro de las prioridades públicas el combate integral a este delito. La estrategia gubernamental parte de un modelo de articulación interinstitucional centrado en el Gabinete contra Despojos y la participación de la Fiscalía General de Justicia, el Registro Civil, el C5, las secretarías de Gobierno, Seguridad Ciudadana y Vivienda, cerrando resquicios aprovechados por los fraudsters.
Sociológicamente, la vivienda es eje del anclaje social; desde ahí, cada ciudadano edifica sus redes de pertenencia, vecindad y participación comunitaria. La pérdida repentina del entorno residencial disuelve capital social acumulado durante décadas y fractura dramáticamente la continuidad intergeneracional.
El patrimonio raíz significa comúnmente el esfuerzo materializado de generaciones buscando heredar certidumbre. El arrebato e invasión representan un ataque a la intimidad identitaria. Gaston Bachelard, en su obra sobre la poética del espacio, concebía la casa como un cosmos resguardado frente a las hostilidades del mundo exterior. Perderla transforma el entorno conocido en un territorio hostil.
La estrategia instruida por Brugada busca recuperar certeza jurídica respecto a la vivienda. “Con toda la fuerza de las instituciones defenderemos el patrimonio y la propiedad que millones de familias han construido durante décadas”, ha mencionado.
Prevención y protección de los sectores más vulnerables tienen preponderancia en la agenda capitalina con el diseño de un decálogo preventivo integral, concebido como una guía didáctica de autodefensa patrimonial para la ciudadanía. Se detallan medidas indispensables de verificación registral, consejos prácticos de seguridad jurídica y alertas oportunas ante anomalías catastrales.
El combate al despojo corresponde a una ciudad decidida a proteger el hogar.
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